El mal uso de agroquí­micos…

La Defensorí­a del Pueblo de la Nación, en Argentina, destacó que existe una “alta probabilidad” de vinculación entre el uso indebido de los agroquí­micos, y su consecuente toxicidad, con la “génesis de la discapacidad”.

Así­ lo denunció en su Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad, documento donde se advierte sobre la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades públicas en general por la demora en la adopción de medidas preventivas.

“Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, dice el informe de la Defensorí­a Nacional, según publicó El Enfiteuta.

La investigación asegura que la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquí­micos no funciona con la regularidad necesaria y cuestiona una resolución del Ministerio de Agricultura nacional, y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El organismo, luego de la renuncia de Eduardo Mondino en abril de 2009, está a cargo de Anselmo Sella, como adjunto I y defensor a cargo; y Juan Mí­nguez, como adjunto II.

Los datos recabados en testimonios, documentos e informes fueron claves para determinar que “las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquí­micos son la ví­a hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención”, asegura el informe de la Defensorí­a.

Entre los informes consultados se resalta el realizado por la Comisión Investigadora de Contaminantes del Agua de la Provincia del Chaco, de diciembre de 2009, y la investigación llevada a cabo por el Laboratorio de Embriologí­a Molecular de la UBA/Conicet titulada “Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos”.

El trabajo de la Defensorí­a indica que “la toxicidad de los agrotóxicos en la salud humana requiere sin más opción que la aplicación inmediata del Principio Precautorio, dado que los daños y la discapacidad sobreviniente, como resultado de la ausencia de medidas para aplicar ese Principio, activarí­an la responsabilidad de quien no lo previene”.

En Misiones, se tuvieron presentes los testimonios de la situación que atraviesan varias familias de las localidades de Artistóbulo del Valle, El Soberbio y Colonia Alicia, aportados por una ONG local y una investigación televisiva que dan cuenta de observaciones sistemáticas, que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquí­micos.

En Córdoba, se citan el “Encuentro de Pobladores de zonas rurales y periurbanas”, y el de “Médicos de Pueblos Fumigados” cuyas conclusiones dan cuenta que la salud de sus comunidades está siendo afectada por las fumigaciones con agroquí­micos que utilizan distintas producciones agrarias, por la manipulación y depósito de esos quí­micos en zonas pobladas, el desecho de envases y el acopio de granos impregnados de quí­micos dentro de los pueblos.

La investigación tiene origen en la prevención contenida en el Artí­culo 25 de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” aprobada en la Organización de Naciones Unidas en el 2006 y aprobado en nuestro paí­s por la Ley N 26.378

En enero de 2009, luego de una resolución del Poder Judicial de Córdoba respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó de Córdoba, la Presidenta de la Nación creó por decreto (21/2009) la Comisión Nacional de Investigación de Agroquí­micos (CNIA).

El Informe de la Defensorí­a del Pueblo de la Nación, en este sentido, afirma que: “Se verificó que las sesiones no se realizan con la regularidad impuesta”.

Lejos está esa Comisión de cumplir, de modo sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para “la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquí­micos”.

En julio de 2011, el SENASA dictó, por su parte, la Resolución 511/2011, mediante la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida endosulfán y prohibió la importación del producto a partir de julio de 2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013.

“Una vez comprobada la toxicidad del principio activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”, reclama la Defensorí­a Nacional.

También recuerda que en noviembre de 2010 recomendó al Ministerio de Agricultura que modificara la metodologí­a de clasificación de toxicidad de los agroquí­micos.

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