Estamos en un contexto en que empresas, entidades sin fin de lucro, ciudadanos y la propia administración, compartimos el reto de poner solución a los problemas sociales. Para ello, estamos obligados a implementar estrategias adecuadas. Las empresas tienen que conocer que sus decisiones corporativas tienen que impactar positivamente tanto en el entorno, como en la sociedad en general. Ello implica, conocerlas de forma holística y no solo por sus activos financieros.

Qué son los criterios ESG

En este contexto surgen los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) ambiental, social y de gobernanza, que impulsan la figura del Inversor Socialmente Responsable y que valora los factores ambientales, sociales y de buen gobierno, más allá de los resultados financieros. Es decir, estos criterios obligan a las empresas a comprometerse con el medio ambiente, con la sociedad y con las buenas prácticas de gobierno corporativo.

Los criterios ESG hacen referencia a los criterios que evalúan el impacto de las actividades empresariales en el medio ambiente, teniendo como objetivo promover practicas sostenibles que minimicen el impacto negativo en el entorno. También mide el impacto de una organización sobre el entorno social más cercano. En este sentido se mide si se está promoviendo la igualdad entre su plantilla, además de la inclusión social tanto en la entidad como en el entorno local. Y, por último, se evalúa la estructura y prácticas de la gobernanza de la empresa. Analizando aspectos de transparencia, gestión de riesgos, procesos de gestión y sus incentivos a corto y largo plazo.

La oportunidad de los criterios ESG para las organizaciones sin ánimo de lucro

Esta tendencia está orientada a luchar contra los problemas sociales actuales, lo que provoca que se desarrollen grandes proyectos, no solo enfocados a la lucha contra el cambio climático, sino también para investigaciones contra enfermedades discapacitantes o para el apoyo a colectivos vulnerables como es el caso de las personas con discapacidad. También, supone impulsar proyectos educativos, de sanidad o de igualdad, que repercuten favorablemente tanto en las personas con discapacidad como en las entidades que las representan y atienden, con el fin de seguir desarrollando programas y proyectos en apoyo a estas personas.

Por qué valoran los criterios ESG los inversores

En la actualidad, el beneficio económico no es argumento suficiente a la hora de invertir. El inversor socialmente responsable, tendrá en cuenta ahora, tanto la posición de la empresa como los criterios ESG. Se preocupa por el cómo la empresa va a cumplir con sus objetivos y cómo va a repercutir su actividad en el entorno. Estos inversores estudian y analizan ese cómo, para seleccionar las compañías en las que realizar inversiones sostenibles.

Por tanto, las empresas más comprometidas con la sociedad en general y con las personas con discapacidad en particular, van a obtener una mayor rentabilidad al generar un impacto positivo en todas las partes implicadas.

En resumen, los inversores valoran los criterios ESG porque les ayudan a evaluar y gestionar los riesgos, identificar oportunidades de crecimiento a largo plazo, proteger su reputación y cumplir con las expectativas cambiantes de los consumidores. La consideración de estos criterios les permite tomar decisiones más informadas y alinear sus inversiones con sus valores y objetivos financieros.

Políticas enfocadas a cumplir con los ESG en materia de inclusión en materia de discapacidad

Políticas de contratación para el fomento de la Autonomía Personal: Una visión que establezca políticas y prácticas que promueven la autonomía personal de las personas con discapacidad en los diferentes niveles que tenga la entidad o la organización. Esto incluye la contratación activa de PCD, la adaptación de los procesos de selección garantizando la igualdad de oportunidades, así como, la elaboración de programas de capacitación y desarrollo profesional para los trabajadores con discapacidad.

Accesibilidad en productos, servicios y espacios: Garantizar que los productos, servicios y espacios de la organización o entidad sean accesibles para personas con discapacidad. Aspectos que se pueden realizar son adoptar medidas de tecnologías y diseños accesibles, que se implementen decisiones que garanticen la accesibilidad física de los entornos de trabajo, y la instrucción de los trabajadores para que se enfoquen de manera positivas las necesidades que tienen las personas con discapacidad. 

Adaptaciones para el éxito laboral: Proveer a los empleados que presenten alguna discapacidad facilidades para permitirles realizar, de una forma efectiva, su trabajo. Esto implicaría la necesidad de proporcionar tecnologías de asistencia, ajustes en los horarios o sus entornos laborales, y la flexibilidad en las necesidades individuales de los mismos.

Formación: Promover la sensibilización y la capacitación entre los empleados sobre la discapacidad y la importancia de estos criterios en relación a la autonomía personal.

Colaboraciones: Establecer convenios o uniones con organizaciones relacionadas con la discapacidad para promover la autonomía personal y apoyar iniciativas que beneficien a las personas con discapacidad. Esto puede implicar la participación en programas de mentoría o investigación, patrocinio de eventos y colaboración en proyectos de impacto social.

Calidad y medición del impacto: Implementar sistemas de calidad y evaluación para medir y monitorear el progreso en relación con la autonomía personal de personas con discapacidad. Esto incluye la recolección de datos sobre el empleo de personas con discapacidad, el seguimiento de su desarrollo y promoción, y la obtención de retroalimentación constante de los empleados con discapacidad para realizar mejoras continuas.