La Confederación Española de Personas con Discapacidad Fí­sica y Orgánica (COCEMFE) quiere alertar a la Administración del riesgo que pueden conllevar para el colectivo al que representa los recortes que se están efectuando a todos los niveles en servicios sociales, sanidad, dependencia, educación y empleo. 

Las personas con discapacidad tienen unos ingresos un 25% más bajos que la población en general, más de la mitad en una situación de pobreza extrema y en nuestro paí­s hay 21.200 personas con discapacidad que viven al mes solo con una pensión no contributiva, (357,70 euros/mes). Este dato es por tanto muy inferior a lo aceptado como umbral de pobreza (627 euros/mes), que es nivel de ingreso mí­nimo necesario para adquirir un adecuado estándar de vida;  y al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532,5 euros  mensuales.
 
“Estos datos demuestran que hay un submundo dentro de la discapacidad, son personas que difí­cilmente pueden pasar cada mes al recibir unos ingresos irrisorios que en nada pueden apoyar su autonomí­a personal e integración social” denuncia Mario Garcí­a, presidente de COCEMFE.
 
Las personas con discapacidad se ven obligadas a hacer un sobreesfuerzo económico para mejorar sus condiciones de vida que se lleva una gran parte de sus ingresos. A esto hay que sumar las subidas de tasas e impuestos, los recortes sociales y copagos que todas las administraciones están llevando a cabo, causando un serio perjuicio tanto a la integración y normalización de este colectivo como a su situación financiera.
 
Mario Garcí­a considera que el Ejecutivo “deberí­a aumentar los niveles de protección de las personas con discapacidad, en lugar de que sean las primeras en verse afectadas por los recortes, promover medidas estructurales que apuesten por la inclusión social del colectivo, luchando decididamente contra las discriminaciones en el ámbito laboral y educativo, el paro y la precariedad laboral”.
 
La tasa de personas con discapacidad que han terminado estudios secundarios o superiores representa menos de la mitad que la población en general (tan solo el 12% frente al 30%). Por ello, la entidad señala la importancia de potenciar que este colectivo alcance el nivel de estudios secundarios, ya que al incrementar las opciones de encontrar un empleo y el acceso a niveles educativos más altos, tendrí­a también la posibilidad de obtener remuneraciones económicas más elevadas.
 
Y también es esencial una apuesta firme por la incorporación de este colectivo al empleo, ya sea ordinario, con o sin apoyo o protegido. En este ámbito, las desigualdades también son evidentes, puesto que la tasa de actividad es del 36,2%, casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad.
 
Por ello, Mario Garcí­a considera “ineludible rectificar la reducción de subvenciones en los Centros Especiales de Empleo, donde las aportaciones del Estado son imprescindibles para su sostenibilidad y funcionamiento, y que se cumplan las leyes en materia de integración de nuestro colectivo, como es la LISMI,  que la mayorí­a de las empresas incumple reiteradamente sin ningún miramiento”.