El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) aplaude la aprobación del Gobierno en Consejo de Ministros de extender el IVA superreducido (4%) para las personas o entidades que prestan servicios sociales en la adquisición de vehí­culos para el transporte de personas con movilidad reducida o con discapacidad.

Precisamente, esta modificación normativa fue planteada por el Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y fue asumida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de una modificación del Reglamento del IVA, con arreglo a la Ley de Autonomí­a Personal y Atención a la Dependencia.

Asimismo, según ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamarí­a, el objetivo de esta medida es que las personas o entidades que prestan servicios sociales “puedan, con la tributación reducida, adquirir más de un vehí­culo”. Así­, el CERMI valora positivamente esta ampliación del beneficio fiscal, que permitirá a las entidades sociales de atención a la discapacidad mejorar la calidad de sus servicios y adquirir más y mejores medios de transporte accesibles para el desplazamiento seguro y cómodo de estas personas.

Por otro lado, esta modificación normativa era una reclamación que vení­a realizando el CERMI, ya que, hasta ahora, la aplicación del IVA superreducido se limitaba a la adquisición de vehí­culos por parte de personas con discapacidad con movilidad reducida o familias de estas personas para su servicio, a tí­tulo individual, pero quedaban excluidas, casi completamente, las compras por parte de entidades sociales (asociaciones y fundaciones, fundamentalmente), por no poder acogerse a este beneficio fiscal sino pasados cuatro años desde la adquisición de un único vehí­culo.

Por su parte, fue el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien asumió esta demanda mediante la modificación del Reglamento del IVA, con arreglo a la Ley de Promoción de Autonomí­a Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

Por último, con esta modificación normativa que ha aprobado el Gobierno, se abreeste beneficio fiscal a las entidades cí­vicas que prestan servicios sociales de promoción de la autonomí­a personal y atención a la dependencia a grupos de personas con discapacidad, que ya no verán restringido el mismo a un único vehí­culo cada cuatro años.