El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha alertado al director de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), Morten Kjaerum, de las “graves amenazas” que pesan sobre los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en España, “exacerbadas en estos momentos de crisis”.

Así­ lo trasladó durante un encuentro que mantuvo el director de la FRA, de visita oficial a España, con la sociedad civil y los movimientos sociales, entre los que se encuentra el Cermi en representación de la discapacidad organizada. En esta reunión, el Cermi, entidad miembro de la Plataforma de Derechos Fundamentales de la FRA, planteó al representante europeo algunas de las cuestiones “más relevantes” en materia de derechos fundamentales y discapacidad.

Por su parte, la delegada de Derechos Humanos del Cermi, Ana Sastre, le informó de que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo “alrededor de 80.000 personas con discapacidad no pudieron votar porque las leyes españolas no reconocen su derecho como consecuencia de su discapacidad”. Además, continuó, existen otras barreras tanto fí­sicas como actitudinales “que han dificultado que otros votantes con discapacidad pudieran participar en las elecciones en igualdad de condiciones”.

Según alerta el Cermi, la falta de reconocimiento de la capacidad para ejercer determinados derechos a personas con discapacidad “permite la violación de otros importantes derechos”, tales como la integridad fí­sica cuando se práctica la esterilización en contra de la voluntad de la persona afectada, normalmente mujer; o el derecho de libertad, cuando se procede a la detención y la privación de libertad en un proceso que no cuenta con las garantí­as de los derechos fundamentales tal, según ha declarado el Tribunal Constitucional.”La crisis económica ha llevado a los poderes públicos a aplicar grandes recortes en las polí­ticas de promoción de la accesibilidad o la autonomí­a personal, o en los apoyos a la educación”, explicó el Cermi.

Por último, todo esto, a su juicio, crea una situación “de grave riesgo de pobreza para las mujeres y los hombres con discapacidad que, además, presentan situaciones de exclusión laboral con enorme dificultades para acceder al mercado de trabajo”. En este sentido, el Cermi solicitó también a la FRA que ponga en marcha mecanismos “que permitan controlar que las polí­ticas de cohesión de la Unión Europea contribuyen a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad”.