El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) acaba de iniciar una campaña de presión polí­tica para que las personas con discapacidad privadas del derecho a voto, lo recobren. Así­ lo transmite a través de una carta, dirigida a los máximos responsables públicos, con el objetivo de que se modifique la normativa y eliminar, así­, esta ‘violación’ del derecho de sufragio para las personas con discapacidad.

En este sentido, el CERMI indica que el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, ante la exclusión del ejercicio del derecho de voto, en el examen al que sometió a España en el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de la ONU, redactó una serie de recomendaciones con respecto al derecho de participación en la vida polí­tica y pública.
Así­, entre ellas destaca la revisión de toda la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurí­dica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás. Por ello, solicita al Estado que modifique el artí­culo de la Ley del Régimen Electoral General, que autoriza a los jueces a denegar el derecho de voto en virtud de decisiones adoptadas en cada caso particular.

Según expone, esta modificación ‘debe hacer que todas las personas con discapacidad tengan derecho a votar’. Asimismo, el Comité recomienda que todas las personas con discapacidad que sean elegidas para desempeñar un cargo público ‘dispongan de toda la asistencia necesaria, incluso asistentes personales’. Para el Comité, por último, la regulación del derecho de sufragio ‘no puede presuponer ningún lí­mite de capacidad para su ejercicio basado en la existencia de una discapacidad’. En su opinión, esta limitación está tipificada como ‘indeseable por nuestro derecho antidiscriminatorio’.