El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de elaborar un informe sobre los contenidos referidos a la discapacidad de la ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, con el objetivo de examinar “cómo queda” la discapacidad en esta ley “anti-desahucios”.

Según indica el Cermi en su informe, esta ley recoge, a sugerencia del Comité, una serie de medidas beneficiosas para las personas con discapacidad y sus familias, que ya planteó previamente el Cermi a los grupos parlamentarios y al Gobierno.

Entre estas medidas, destaca la relativa a la suspensión de los lanzamientos, la cual afectará, por una parte, a las personas que se encuentren dentro de una situación de especial vulnerabilidad, como es el caso de las familias que tienen algún miembro con discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente, de forma permanente, para realizar una actividad laboral.

Asimismo, afectará a aquella unidad familiar con la que convivan en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por ví­nculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

Por último, otra de las medidas que señala el informe es la de incrementar el umbral de ingresos que se tendrán en cuenta para que opere la suspensión de los lanzamientos, ya que está establecido que en las familias que se acojan a esa suspensión, los ingresos no podrán superar el lí­mite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.