LA OPINIÓN:

“En los últimos veinte años se ha logrado un cambio sensible en las condiciones de vida de las personas con discapacidad acercándolas a las del resto de los ciudadanos, pero aún queda mucho por hacer hasta conseguir la completa igualdad de oportunidades en espacios importantes, tales como el de la enseñanza, entre el hombre y la mujer, en la juventud y en la vejez o en el trabajo y el salario “.

Por Ignacio Tremiño, director general de Polí­ticas de Apoyo a la Discapacidad

Entre estos ámbitos, el laboral es sin duda decisivo, pues la realización de un trabajo retribuido es con total seguridad el recurso más eficaz para alcanzar la igualdad, la integración y la participación social, así­ como para el desarrollo personal de las personas con discapacidad. Para estas personas, obtener un empleo y desempeñarlo no sólo significa autonomí­a e independencia económica, también certifica la convicción en la propia capacidad para enfrentar una vida ordinaria, como un ciudadano más.

El empleo, además, disminuye el riesgo de pobreza en el que están muchas personas con discapacidad, que por causa de sus deficiencias, y también de los estereotipos sociales respecto a ellas y de las barreras sociales y del entorno, conforman un grupo especialmente vulnerable ante las dificultades de acceso al mercado de trabajo. Estos son motivos para que las polí­ticas públicas de empleo destinadas a las personas con discapacidad adquieran una relevancia especial, por cuanto depende de ellas que la lucha por la plena inclusión social del colectivo alcance sus objetivos.

La inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral es un fin que tiene además fundamentos constitucionales y normativos, potenciados con la aprobación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual lleva a asumir obligaciones muy concretas, no sólo en cuanto al reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones, también en la promoción de una conciencia social sobre sus capacidades y aportaciones y en la ejecución de medidas para que ese reconocimiento de habilidades y méritos se traslade a los lugares de trabajo.

A pesar de los evidentes avances reconocidos por todos, y de las normas nacionales o internacionales, el nivel de empleo de las personas con discapacidad no es equiparable al del conjunto de los ciudadanos. Además, la crisis económica ha añadido a este contexto el temor natural a que las dificultades empeoren aún más para las personas con discapacidad. Muy someramente, el estado de la cuestión, visto desde distintos puntos de análisis, es el que se muestra a continuación.

Según los informes elaborados por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, apoyados en datos del Servicio Público de Empleo Estatal, la evolución de la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario habí­a seguido durante la crisis una lí­nea ascendente hasta 2012, año en que sufre un pequeño descenso en el que particularmente no se ven afectados los contratos en centros especiales de empleo.

Por otro lado, de acuerdo con el informe realizado por el INE por medio del estudio de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad, la tasa de actividad de las personas con certificado de discapacidad en 2011 era del 36,6%, casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad (76,4%). Mientras tanto, la tasa de paro fue del 26,9%, más de cinco puntos superior a la de la población sin discapacidad, y la tasa de empleo era del 26,7%. El tipo e intensidad de la discapacidad y el género tuvieron clara influencia en la actividad laboral, manifestada en la menor participación de las mujeres, en las mayores tasas de actividad de las discapacidades auditivas o visuales frente a las intelectuales o las que tienen origen en enfermedad mental y en la menor actividad cuanto mayor es el grado de discapacidad.

Esto en cuanto al empleo ordinario. Respecto al empleo público, los procesos selectivos de los últimos años arrojan una mayor participación y también mejor porcentaje de aprobados en las convocatorias. Desde 2011 todas las ofertas de empleo de todas las administraciones públicas han de reservar un cupo de al menos el 7% de las vacantes, entre ellas el 2% para personas con discapacidad intelectual. Esto ha permitido, por ejemplo, que en las recientes pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada un 7% de las plazas puedan cubrirse por aspirantes con discapacidad o que se hayan convocado plazas destinadas a personas con discapacidad intelectual, adaptando contenidos y exámenes a sus circunstancias.

La mejora de estas ratios de participación en el empleo, tanto público como privado, es una cuestión de justicia. Por eso en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trabajamos, entre otras lí­neas, en la mejora de la coordinación entre los servicios sociales y los servicios públicos de empleo en los procesos de inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, para cuya articulación se realizará un proyecto piloto en Ceuta y Melilla. Se trata de un sistema de colaboración y coordinación de competencias y actuaciones entre los servicios públicos de empleo y los órganos competentes del reconocimiento del grado de discapacidad. Un informe de aptitudes facilitará a los técnicos de las Oficinas de Empleo su labor en los procesos de clasificación, orientación, intermediación y diseño de itinerarios individuales y personalizados de las personas con discapacidad, en lí­nea con lo prevista en la Estrategia Española de Empleo.

Asimismo, bajo la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se trabaja en el diagnóstico de la situación de los centros especiales de empleo y en la formulación de nuevas polí­ticas de apoyo más eficaces respecto a ellos; igualmente en el impulso de la contratación socialmente responsable en el ámbito de las administraciones.

Con carácter más amplio, sin duda, está el mandato al Gobierno, recogido en la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, de elaborar un “Proyecto de Ley de promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad”, que articulará un nuevo marco normativo para el conjunto del colectivo de la discapacidad y en cuyo contenido deberá colaborar activamente el movimiento asociativo.

En resumen, las lí­neas principales de acción asocian medidas antidiscriminatorias y acciones positivas, ambas conjuntamente destinadas a promover la garantí­a de la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad, cuya participación en la recuperación de nuestra economí­a, por el valor añadido que pueden aportar, es absolutamente indispensable, desde la perspectiva económica, e irrenunciable en el marco de una sociedad, de un paí­s, cuya vocación es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de sus ciudadanos”.