El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado a la Unión Europea y al Gobierno español que los nuevos ingresos que se obtengan una vez entre en vigor el impuesto sobre las transacciones financieras se destinen exclusivamente a fines sociales de lucha con la pobreza y la exclusión.

Hace unos meses, tras arduas negociaciones, once paí­ses europeos, entre los que está España, alcanzaron un acuerdo para crear un nuevo impuesto o tasa a las transacciones financieras que comenzarí­a a aplicarse en el año 2015, pero que ha sido pospuesto sin fecha aún definida de comienzo.

Aunque los sectores sociales como el de la discapacidad representado por el Cermi consideraron “poco ambicioso” el acuerdo polí­tico europeo, que se desplegarí­a progresivamente, el comité cree que “es imprescindible que los ingresos procedentes de esta tasa vayan a cubrir necesidades sociales de los grupos ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad”.

Tras el acuerdo europeo, que aún debe perfilarse en muchos detalles, la decisión de dónde y a quiénes destinar esos nuevos recursos económicos será en gran medida de cada Estado, por lo que “el Gobierno español ha de configurar la tasa a las transacciones financieras de modo que nutra un fondo dirigido a combatir la pobreza y las situaciones de exclusión, que la crisis desatada en 2007 no ha hecho más que exacerbar”, indica el Cermi en una nota.