La Administración catalana también le reclama 200 euros correspondientes a las mensualidades de junio y julio. No se trata de ninguna irregularidad: es lo que prevé la ley. Una ley que aprobó el tripartito en el año 2006. La pérdida de la prestación y el hecho de tener que devolverla pone en una situación muy difí­cil a esta familia.

El dí­a de Navidad, una mujer de cierta edad sufrió un ictus y la tuvieron que ingresar en el Hospital del Mar. Hace unos dos meses que reside en un centro socio-sanitario donde, entre otras cosas, está haciendo rehabilitación. A finales de julio, la Generalitat le hizo saber por carta que ya no tení­a derecho a percibir los 100 euros mensuales. La enferma tiene más de 70 años y cada mes cobraba una pensión no contributiva de 104 euros. Su marido, una pensión de 570. Con eso tení­an que pagar un alquiler de 215 euros más el resto de gastos.

El gobierno de la Generalitat también exige al matrimonio que devuelva los 208 euros correspondientes a las pagas de junio y julio. Esta mujer enferma llora cada dí­a desde que se enteró que le quitaban su pensión. Su marido no quiere que su mujer se dé cuenta de las penurias económicas que está pasando y, por ello, este hombre, operado dos veces de cáncer, sólo hace una comida al dí­a.

El caso de esta mujer enferma no es ni una excepción ni fruto de un error administrativo. El gobierno catalán se ampara en una ley de 2006 aprobada por el tripartito según la cual una persona que vive en un centro sanitario o una residencia, siempre que sean públicos, no tiene derecho a cobrar una pensión no contributiva que estos centros  les dan de comer y cuidan de ellos.

Por ello, el consejero de Bienestar Social, Josep Lluí­s Cleries, dice que no pueden hacer nada más y que se limitan a hacer cumplir la ley. El consejero asegura que si no lo hicieran así­, el Tribunal de Cuentas los investigarí­a por derrochar dinero público. Ahora el problema para ellos es encontrar la forma de devolver los 208 euros que le reclama la Generalitat.