Mejorar los derechos y deberes de las personas con discapacidad. Es el objetivo que persiguen las propuestas que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de plantear al Ministerio de Justicia, con el fin de que pueda tenerlas en cuenta para que se incorporen a la reforma del Código Penal que ultima el Gobierno.

En una reunión mantenida ayer por una delegación del Cermi con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, el Comité propuso al Ministerio de Justicia que reconsidere la regulación de las medidas de seguridad aplicables a las personas inimputables por razón de discapacidad para que, ‘en ningún caso’, la situación de discapacidad comporte un trato ‘más gravoso’ respecto de aquellas personas sin discapacidad que cometen hechos delictivos.

Asimismo, el Cermi pidió que, ‘en ningún caso’, se asocie el concepto de peligrosidad, a propósito de la fijación de las medidas de seguridad, con el de personas con determinadas discapacidades, ya que ‘no existe ninguna relación entre ambos elementos, y por tanto no puede haber vinculación legal’, a juicio de los reprepresentantes del Cermi. Además, el Comité pidió al departamento que preside Gallardón que la reforma penal, que impulsa en la actualidad el Gobierno central, incorpore la tipificación como delito de las conductas más graves de juego ilegal, ‘por el gran perjuicio social que causan’.

Por último, el Cermi trasladó a Justicia la necesidad de que la modificación del Código Penal en curso sirva para asumir la visión de derechos humanos, a la que obliga la Convención de la ONU.