La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presidió ayer jueves la reunión del Consejo Territorial del Sistema de Autonomí­a y Atención a la Dependencia, a la que han asistido los consejeros de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. Tras el encuentro, Mato anunció que se ha alcanzado una propuesta inicial de Acuerdo por los Servicios Sociales y la Dependencia. Se trata de uno de los pilares del futuro Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales que la ministra ha propuesto a las autonomí­as.

El acuerdo, en palabras de Mato, “permitirá que los servicios sociales y la dependencia se centren, y más en estos momentos, en la atención que precisan los ciudadanos”. A su juicio, es el momento de recuperar los principios de la ley.

Este acuerdo inicial se basa en una serie de puntos. El primero es el consenso para que pueda ser ampliado a todas las entidades y organismos del Sistema de Dependencia que se considere oportuno.

El segundo punto es el avance de la evaluación de los cinco primeros años de aplicación de la ley. Éste será el punto de partida para realizar la evaluación de resultados definitiva. De los primeros datos se desprende, según el Ministerio, que son necesarias mejoras:

-La ley se ha convertido en un laberinto normativo.

-Se ha abusado de la fórmula que la ley contemplaba como excepcional. En vez de emplear la red pública de servicios sociales de forma prioritaria para atender a las personas dependientes, se han hecho habituales las prestaciones para cuidadores familiares.

-La Ley no ha contribuido a generar empleo, pues el 63 por ciento de las altas en el Régimen General de la Seguridad Social, sector Servicios Sociales, corresponde a cuidadores familiares. Sólo el año pasado, se perdieron 8.304 empleos en el sector.

-No se garantiza la calidad de la atención, pues las prestaciones económicas no aseguran las condiciones más adecuadas a las necesidades de los dependientes, ni la formación básica de sus cuidadores.

-Se han construido 17 sistemas distintos de atención a la dependencia, con desigualdades en prestaciones, aportación del usuario y tramitación de solicitudes.

-Existe un desfase entre las previsiones en número de dependientes y financiación y la realidad. En 2007 se estimó que, cuando entrara en vigor plenamente la Ley (2015) habrí­a 1.173.000 dependientes. Sin embargo, a dí­a de hoy se ha reconocido el derecho a más de 1.500.000 personas. En cuanto a la financiación, hoy la aportación del Estado supera las previsiones en más de 2.700 millones de euros.

A la vista de estos datos, Mato ha explicado que se acometerán mejoras en la ley. En primer lugar, ha considerado necesario adecuar la normativa a la situación de dependencia y establecer criterios comunes en aspectos como el baremo de valoración.

También ha defendido la necesidad de aunar criterios para medir la capacidad económica de los usuarios, y de simplificar y unificar el procedimiento para el reconocimiento del derecho de las personas dependientes a la atención.