La delegada del Cermi para la Convención de la ONU, Ana Sastre, presentó este jueves, durante la IV Jornada de la Defensa Legal de la Discapacidad, un avance del Informe de Derechos Humanos y Discapacidad en España 2010, en el que se recoge que en 2011 aumentó un 20% el número de consultas por discriminación de personas con discapacidad.

Manifestó que las consultas por discriminación aumentaron en 2010 un 9% y este porcentaje se incrementó al 20% en 2011, con un total de 85 consultas.

Según Sastre, el Cermi atendió un total de 428 consultas de todo tipo sobre derechos y prestaciones relacionadas con la discapacidad, de las que 93 corresponden a vulneraciones de derechos, mientras que el resto fueron consultas informativas.

En relación al tipo de consultas atendidas, Sastre afirmó también que se incrementó el número de consultas sobre prestaciones económicas, pasando de un 21% en 2010 al 26% en 2011.

Además, con respecto a los artí­culos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que más se reclaman, destacó los relacionados con un nivel de vida adecuado y protección social, así­ como con el derecho al trabajo.

“El empleo sigue preocupando mucho, con un total de 100 consultas”, apuntó. Sin embargo, indicó que el año pasado bajaron el número de consultas en materia de empleo público, pasando de 40 a 33 en 2011.

En materia de educación, Ana Sastre incidió sobre el hecho de que el 75% de las consultas “dan lugar a conflictos de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad”.

Una novedad que resaltó es que el Cermi atendió tres consultas internacionales en 2011, procedentes de Inglaterra, Argentina e Italia.

A nivel cualitativo, desde el Cermi se exponen una serie de recomendaciones para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que coinciden con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En este sentido, reclama una protección por discapacidad y un certificado para todas las personas con discapacidad y, especialmente, para los que no cuentan con ello.

En relación a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Cermi pide la eliminación de plazos por discapacidad, al mismo tiempo que demanda aumentar los mecanismos de protección, implementándolos a todas las comunidades autónomas. Además, llama la atención sobre “una mayor vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad”.

El Cermi, según recordó Ana Sastre, ya ha pedido al Gobierno en numerosas ocasiones la necesidad de campañas sobre concienciación acerca de la discapacidad, desde el punto de vista de los derechos humanos.

Durante la inauguración de la jornada, el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé Favaró, se refirió a la estrecha colaboración que mantiene con el Cermi y a iniciativas como la propuesta de Ley de Enjuiciamiento Civil, al amparo de la Convención de la ONU, como medida de protección de las personas con discapacidad.

En este sentido, aplaudió la mediación como “ví­a de solución de controversias” y se refirió a ella como un instrumento para encuadrar la conciliación voluntaria o el arbitraje para ayudar a construir una justicia más ágil y moderna en nuestro paí­s. La definió como “un acierto” para el tratamiento de las soluciones de los temas relacionados con la discapacidad.

Por su parte, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó la buena relación del sector de la discapacidad con los operadores jurí­dicos relevantes, así­ como los campos de actuación conjunta con el ámbito de notariado. En este sentido, hizo referencia a la importancia de “hacer realidad” el precepto que establece la Constitución, que es que los derechos de las personas con discapacidad se traduzcan en la práctica.

En este sentido, resaltó el trabajo del Cermi en relación a la producción normativa, que consiste, según afirmó, en “hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad”. Sin embargo, reconoció que “en esa labor de acercar las leyes a la realidad diaria es necesaria la mediación para resolver conflictos y controversias”.

Asimismo, indicó que es “necesario” que la mediación contemple el sector de la discapacidad para que las personas con discapacidad y sus familias “puedan acceder a ella con normalidad cuando lo necesiten”.