China limitará a partir de 2014 el trasplante de órganos de los presos ejecutados, después de que el paí­s reforzase un programa de donación voluntaria con el fin de restringir dicha práctica, según informó la semana pasada un funcionario de Sanidad.

Alrededor de un millón y medio de personas necesitan un trasplante de órganos en China cada año, pero sólo cerca de 10.000 lo reciben, de acuerdo con el Ministerio de Salud. La mayorí­a de estos órganos se obtienen de presos ejecutados sin tener previamente su consentimiento, según grupos de Derechos Humanos. Pekí­n ha negado dichas acusaciones.

El programa piloto, establecido conjuntamente por el Ministerio de Salud y la Sociedad de la Cruz Roja de China, ha permitido más de 1.200 donaciones voluntarias de órganos desde marzo de 2010, según el viceministro de Salud, Huang Jiefu, citado por la agencia estatal de noticias Xinhua.

Esta medida significará “depender menos de los órganos de los presos condenados a muerte”, de acuerdo con Xinhua.

China prohibió en 2007 los trasplantes de órganos de donantes vivos, exceptuando cónyuges, familiares de sangre o miembros de familias adoptivas. No obstante, el Gobierno chino puso en marcha en 2009 un sistema nacional para coordinar las donaciones después del fallecimiento.

Una modificación del Código Penal de China, adoptada en marzo de 2011, tipificó por primera vez delitos en las transacciones comerciales de órganos, como la donación ilegal o la extracción de órganos a menores.

Con la nueva regulación, quienes sean detenidos por “la extracción o donación forzada de órganos” pueden recibir cargos de homicidio, mientras que por “organizar su venta ilegal” pueden ser encarcelados un máximo de cinco años.