El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramí­rez Navarro, ha manifestado que en la legislatura que finaliza se ha perpetrado en España un “atentado” a los derechos humanos y aseguró que en los últimos cuatro años se ha producido un recorte de más de 5.000 millones de euros en servicios sociales y dependencia, de los cuales más de 2.000 se han registrado en dependencia.

Ramí­rez declaró que el Gobierno de Mariano Rajoy ha recortado “en un 67% el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, cuando se atienden las necesidades más básicas de más de 8,5 millones de usuarios”. En cuanto al Sistema de Atención a la Dependencia, indicó que “el Partido Popular ha gobernado a través de decretos que han supuesto la demolición programada que generó derechos objetivos para 1,2 millones de personas en situación de dependencia” y afirmó que “la legislatura ha colapsado el sistema a través de los recortes”. Asimismo, declaró que el Gobierno aprobó un decreto que supuso el retraso de la atención a los dependientes moderados y acabó acometiendo cambios legislativos que supusieron “una derogación encubierta de la ley de la dependencia”. En este sentido, incidió en que más de 100.000 personas dependientes, reconocidas y valoradas con derecho a atención, han fallecido sin tener la prestación de servicio la que tení­an derecho. Además, acusó al Ejecutivo de Rajoy de reducir el prespuestos que se debe destinar a las comunidades autónomas para la gestión de la Ley de la Dependencia, de forma que, según afirmó, “el Gobierno de España no aporta ni tan siquiera el 20% de lo que es la factura de la financiación de la ley de la dependencia”. El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también apuntó que el Gobierno eliminó la partida del Imserso de 30 millones de euros destinados para teleasistencia que atendí­a a 250.000 personas, “dejándolas al albur de las decisiones de sus comunidades autónomas o de su propio dinero”.