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Las dos principales asociación de fiscales, la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), consideran que debe denunciarse a los centros o residencias que obligan a esterilizar a mujeres con discapacidad o con enfermedad mental para ingresar en ellos.

Este asunto ha sido denunciado por Ana Peláez, comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y presidenta del Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad.

Peláez ha llamado la atención sobre el hecho de que «en muchos centros y residencias exigen la esterilización de las mujeres con discapacidad intelectual o enfermedad mental para poder ingresar», algo que consideró muy grave.

A este respecto, Marí­a Morató, portavoz de la UPF, dijo a Servimedia que «hay que denunciar a esas residencias». A su vez, Antonio Roma, de la AF, señaló que es «censurable» que puedan darse las prácticas que denuncia la representante del Cermi.

Los portavoces de la UPF y de la AF también se refirieron a la posibilidad de eliminar el artí­culo 156 del Código Penal, en el que se contempla la esterilización no consentida de mujeres con discapacidad. El Cermi ha pedido que este artí­culo se suprima en el marco de la reforma del Código Penal que está impulsando al Gobierno.

Morató cuestionó la conveniencia de derogar el artí­culo 156 en lo referido a la esterilización, ya que es una medida que está sometida a control judicial. A su vez, Antonio Roma estimó que el artí­culo 156 establece una «ví­a», pero que sólo es aplicada «excepcionalmente». En todo caso, indicó que es el Parlamento el que debe decidir «si se deroga».