Las dos principales asociación de fiscales, la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), consideran que debe denunciarse a los centros o residencias que obligan a esterilizar a mujeres con discapacidad o con enfermedad mental para ingresar en ellos.

Este asunto ha sido denunciado por Ana Peláez, comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y presidenta del Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad.

Peláez ha llamado la atención sobre el hecho de que “en muchos centros y residencias exigen la esterilización de las mujeres con discapacidad intelectual o enfermedad mental para poder ingresar”, algo que consideró muy grave.

A este respecto, Marí­a Morató, portavoz de la UPF, dijo a Servimedia que “hay que denunciar a esas residencias”. A su vez, Antonio Roma, de la AF, señaló que es “censurable” que puedan darse las prácticas que denuncia la representante del Cermi.

Los portavoces de la UPF y de la AF también se refirieron a la posibilidad de eliminar el artí­culo 156 del Código Penal, en el que se contempla la esterilización no consentida de mujeres con discapacidad. El Cermi ha pedido que este artí­culo se suprima en el marco de la reforma del Código Penal que está impulsando al Gobierno.

Morató cuestionó la conveniencia de derogar el artí­culo 156 en lo referido a la esterilización, ya que es una medida que está sometida a control judicial. A su vez, Antonio Roma estimó que el artí­culo 156 establece una “ví­a”, pero que sólo es aplicada “excepcionalmente”. En todo caso, indicó que es el Parlamento el que debe decidir “si se deroga”.