El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado la “inmediata” reforma de la Ley de Promoción de Autonomí­a Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, que lleva un recorrido de cinco años, y según ha asegurado, “deberí­a haberse evaluado a los tres años de su puesta en marcha”. “Hay que hacer una evaluación con cierto rigor, hay que intentar mejorarla, hacerla sostenible y asegurar, fortalecer y homogenizar esta Ley”, ha sostenido.

Así­ lo ha expresado durante la inauguración de la Asamblea Ordinaria de Representantes del CERMI Estatal, en la que han participado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; el secretario general del CERMI, Alberto Durán; el presidente del Comité Paralí­mpico Español, Miguel Carballeda; el presidente de COCEMFE, Mario Garcí­a; la presidenta de FIAPAS, Mª Luz Sanz; el presidente de ASPACE, Jaume Marí­; y el presidente de FEAFES, José Mª Sánchez Monge. 

En este sentido, Moreno ha apuntado, en relación a esta Ley, que sus previsiones “no se han cumplido”. Así­, ha hablado de una estimación en 2007 de 1.173.000 dependientes, y a finales de 2011 ya habí­a más de un millón y medio de personas que se habí­an beneficiado. Los beneficiarios con derecho a prestación, a 31 de diciembre de 2011, fueron 1.057.000.

Asimismo, ha asegurado que en 2007 se previó que se llegarí­an a alrededor de 200.000 personas en situación de dependencia severa o grave, pero, según indicó, ha habido un total de 421.000 personas beneficiadas, es decir, “más del doble de lo previsto”.

Por otra parte, ha resaltado que la previsión de gasto en materia de dependencia era de 4.763 millones de euros, mientras que el gasto real ha sido de 7.400 millones; al mismo tiempo que ha apuntado que “hemos visto problemas que hay que solucionar que afectan a la calidad y a la eficiencia de la propia ley”.

Principalmente, ha alertado sobre el “espí­ritu” de la creación de esta Ley, que buscaba “mejorar la creación de empleo profesional”, pero, sin embargo, ha señalado 8.300 bajas en el sector profesional de los servicios sociales; un 73% de altas han correspondido a cuidadores familiares; y llamó la atención sobre el 48% de atención a dependientes se hace con atención de estos cuidadores familiares.

Por ello, Juan Manuel Moreno ha anunciado también una próxima reunión con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para esta próxima semana, con el objetivo de escuchar sus propuestas de cara a la reforma de esta normativa.

Esta Ley, según el secretario de Estado,  se hará desde la cohesión para generar un sistema en igualdad de condiciones, que garantice el mismo tratamiento a todas las personas en situación de dependencia, independientemente de su grado y de la comunidad autónoma donde sean atendidos, así­ como la creación de los necesarios recursos en materia de dependencia

“Hay que ser más transparentes, simplificar el modelo y debemos superar esos males que tiene la Ley de Promoción de Autonomí­a Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia”, ha manifestado.

Entre los objetivos de la reforma de esta Ley ha marcado la revisión y simplificación del proceso de evaluación “para ganar eficiencia y agilidad”, la adecuación de la cartera de servicios para que el sistema ofrezca la misma respuesta en la atención a las personas en todos los territorios, asegurar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las condiciones de la atención a la dependencia, la revisión del sistema de asignación de créditos para transferir a las Comunidades Autónomas, priorizar la atención a personas con mayor grado de dependencia, y cumplir el principio de igualdad ante la Ley con una misma visión. 

“Es el momento de que todos debamos ir en la misma dirección”, ha manifestado Moreno. En este sentido, ha pedido la lealtad del conjunto de las administraciones públicas, asumiendo el liderazgo por parte del Ministerio. Asimismo, ha destacado sus dos pilares de trabajo, que es, por un lado, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y, por otro, la colaboración directa con el Tercer Sector.

Entre otras medidas, ha hecho referencia a la “batalla” de su Ministerio para convocar las subvenciones del IRPF dirigidas a programas sociales de discapacidad, a los que destinan 5 millones de euros; al mismo tiempo que ha manifestado que comparten la “necesidad” de las medidas que favorezcan la creación de empleo y la autonomí­a personal de las personas con discapacidad.  

Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, cuya labor ha calificado Moreno de “inteligente y constante”, ha ofrecido la colaboración y coparticipación del movimiento social al Gobierno, “desde la exigencia”, para construir un verdadero Estado del Bienestar. En este sentido, ha hecho un llamamiento “intenso y extenso” para que las personas con discapacidad y sus familias cuenten con una acción “más intensa” por parte de las polí­ticas públicas. 

El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Nuestro objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadaní­a y la igualdad de oportunidades de este grupo social.