El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, ha confirmado que la Conselleria de Bienestar Social, se ha comprometido, en nombre del Gobierno Valenciano, a abonar en unos dí­as un porcentaje de la deuda que mantiene la Generalitat con el sector socio-sanitario para evitar el cierre por quiebra de los centros de enfermos mentales y personas con discapacidad.

Giménez ha señalado que los responsables de la Conselleria han comprometido 17 millones de euros para afrontar las necesidades prioritarias de los más afectados por los impagos, así­ como de la deuda referida a los tutelados por la Generalitat Valenciana, si bien, esta medida debe ir seguida de nuevos compromisos de pago para aliviar la difí­cil situación en la que se encuentra el sector socio-sanitario autonómico.

En este sentido, el presidente de la patronal autonómica ha reconocido la “buena voluntad” de la Conselleria de Bienestar Social y la intención de los gestores públicos de solventar el total de la deuda en febrero. Y, de hecho, se ha concertado una nueva reunión para el próximo miércoles, 1 de febrero al objeto de comprobar la realidad de los pagos realizados y los nuevos compromisos de pago inmediatos.

Giménez, que ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida hoy con el secretario autonómico de Autonomí­a Personal y Dependencia, ha incidido en la necesidad de establecer prioridades en la deuda de la Administración con los servicios prestados en su nombre y los proveedores, ya que “la vida y el bienestar de las personas está por encima de otras cuestiones que, evidentemente, requieren de una solución a corto plazo también”.

No obstante, el presidente de Aerte ha recordado que la patronal se mantiene “expectante” ante estos pasos en la dirección correcta de la Administración Pública, pero que, de no cumplirse esta expectativa, supondrí­a “el desmantelamiento de la red socio-sanitaria autonómica y la pérdida de un derecho democrático adquirido por nuestros mayores y las personas en situación de dependencia”. Y, concretamente, Alberto Giménez ha recordado que la deuda contraí­do por la Administración afecta ya a 25.000 familias, 13.000 trabajadores profesionales directos, 6.000 indirectos y 188 empresas.

En todo caso, Giménez se ha mostrado “esperanzado” en que, una vez solventada esta etapa de falta de liquidez, “las palabras se conviertan en hechos y se reordene y corrijan las deficiencias que han provocado el acumulado de la deuda” por parte de la Administración, no sólo con el sector de la dependencia, sino con tantos otros que también son necesarios para el bienestar y la prosperidad de la sociedad valenciana.