La Fiscalía del Supremo insta a respetar el derecho de voto de las personas del colectivo
La Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de informar al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de que ha instado a los fiscales a que respeten el derecho de sufragio reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española a las personas con discapacidad en sus dictámenes e informes y a que, si se les priva del mismo por sentencia, si es posible, recurran la misma.
Así lo transmitió el fiscal de la Sala de lo Civil, José María Paz Rubio, al presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, tras haber recibido un escrito por parte del Comité en el que se informaba de la campaña de presión política que ha iniciado para que las personas con discapacidad privadas del derecho a voto, lo recobren.
La campaña del Cermi, según informó la plataforma de la discapacidad, está dirigida a los máximos responsables públicos, con el objetivo de que se modifique la normativa y eliminar, así, esta ‘violación’ del derecho de sufragio para las personas con discapacidad. Asimismo, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, ante la exclusión del ejercicio del derecho de voto, en el examen al que sometió a España en el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de la ONU, ya redactó una serie de recomendaciones con respecto al derecho de participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad.
Entre estas recomendaciones, el Comité destacaba la revisión de toda la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública al igual que el resto de la ciudadanía.
Por todo ello, solicitó al Estado que modifique el artículo de la Ley del Régimen Electoral General, que autoriza a los jueces a denegar el derecho de voto en virtud de decisiones adoptadas en cada caso particular. Según exponía, esta modificación ‘debe hacer que todas las personas con discapacidad tengan derecho a votar’.
Por último, el Comité recomendaba que todas las personas con discapacidad que sean elegidas para desempeñar un cargo público ‘dispongan de toda la asistencia necesaria, incluso asistentes personales’.
