La Defensora del Pueblo pide el fin de las barreras arquitectónicas en edificios
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, compareció este miércoles ante el Pleno del Senado para presentar el informe de la Institución relativo a 2014 y culminar así su trámite parlamentario.
En su intervención, Becerril repasó las actuaciones más destacadas del Defensor en el último año y puso en esta ocasión el acento en las barreras arquitectónicas que dijo que siguen persistiendo en muchos edificios, públicos y particulares, que dificultan la vida diaria de las personas con discapacidad.
Asimismo, señaló que los desahucios “tienen que terminar y quedar para casos excepcionales” y recordó que la vivienda es el bien material más preciado de las familias, por lo que la dación en pago tiene que ser el último recurso, pues es una “tragedia”.
Sobre el Estatuto de la Víctima, actualmente en trámite parlamentario, la Defensora afirmó que su institución ha pedido que las víctimas del terrorismo puedan participar en el procedimiento penitenciario, que “sean escuchadas antes de dar un paso en la ejecución penitenciaria”.
La Defensora subrayó también el empeño de la Institución en aumentar la eficacia y la rapidez en las respuestas dadas a los ciudadanos. Según explicó, por primera vez el Informe Anual ofrece los tiempos medios empleados por el Defensor para contestar a los ciudadanos y los tiempos utilizados por las administraciones para contestar al Defensor.
El informe anual recoge la actividad de la institución en un año en el que se formularon 467 recomendaciones que fueron aceptadas en un 72,09%.
En 2014, el Defensor recibió 23.186 escritos de queja. Las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos fueron las relacionadas con asuntos sociales (rentas mínimas, prestaciones de dependencia), problemas sobre impuestos estatales, autonómicos y locales, y retrasos en la administración de justicia.
Por último, además, la institución aumentó las actuaciones de oficio un 41%, hasta alcanzar los 489 expedientes. Destacan los relativos a la inclusión educativa de alumnos con discapacidad, supervisión de acogida de inmigrantes, problemas sobre pobreza energética, cortes de suministro eléctrico y sistemas de facturación.
