El Ministerio de Justicia descarta eliminar el artí­culo 156.2 del Código Penal que despenaliza la esterilización forzosa de personas con discapacidad declaradas incapaces judicialmente porque considera que no se trata de una vulneración de sus derechos. No obstante, estudiará la regulación de un «procedimiento especial» para estas prácticas mediante la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así­ lo explica la directora de gabinete del ministro Alberto Ruiz Gallardón, Cristina Coto del Valle, en una carta dirigida al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), quien habí­a rogado al Ejecutivo la supresión del citado artí­culo por considerar que viola la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y atenta contra los Derechos Humanos.

Según la carta, Justicia considera que «la esterilización de la persona incapaz realizada con autorización judicial, otorgada por concurrir los elementos justificadores de carácter material y formal definidos en la Ley, y tomando como criterio rector el mayor interés de la persona que sufre graves deficiencias fí­sicas, no supone ir en contra de los principios de la Convención».

En este sentido, la directora del Gabinete del ministro argumenta que la ley «sólo» despenaliza la esterilización forzosa «cuando la persona por su incapacidad psí­quica grave, no puede prestar consentimiento libre e informado, lo que si será totalmente exigible para el resto de personas con discapacidad», según recoge la misiva oficial.

Con todo, Coto Del Valle considera que esta regulación «es susceptible de mejoras», especialmente en el ámbito civil, tanto desde un aspecto sustantivo, «con el incremento de las garantí­as previstas y objetivando expresamente las razones de esta intervención», como desde un punto de vista procesal, «estudiando la posibilidad de regular un procedimiento especial en la Ley de Enjuiciamiento Civil».

El CERMI ha contestado con otra misiva pidiendo a Gallardón que reconsidere la «errónea» posición y proceda «de forma inmediata» a abrir un diálogo con el movimiento asociativo de la discapacidad, para desterrar lo que consideran una «espantosa» vulneración de derechos.

Desde el CERMI se manifiesta el «más intenso estupor» ante el contenido del escrito del Ministerio, así­ como una «honda» decepción y un «enorme» lamento por los argumentos que ofrece Justicia para justificar «algo que es internacionalmente reconocido como una violación de derechos humanos».

Según explica el Comité, los tratados internacionales reconocen que todas las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones y, por lo tanto, es «obligación» de los poderes públicos protegerles «sin injerencias indebidas, condenando a quienes pueden obstaculizar su disfrute».

«Lo que nuestro Código Penal tipifica como indeseable para todas las personas, algunas instancias, superadas por el tiempo y el avance de la dignidad, lo quieren justificar para aquellas que tengan una discapacidad, al amparo de un interés legí­timo, que sólo responde a la ignorancia y desidia en poner los medios para que las personas con discapacidad puedan tener la decisión plena sobre su salud sexual y su capacidad reproductiva y de tener descendencia», reza la carta del CERMI.