La Plataforma del Tercer Sector ha valorado positivamente que sus aportaciones del sector hayan sido recogidas en el Programa Nacional de Reformas 2014 (PNR) elaborado por el Gobierno.

La Plataforma del Tercer Sector ha tenido un papel activo en la elaboración del PNR 2014 y ha insistido en que el esfuerzo para salir de la crisis “se debe redistribuir de manera más equitativa, mejorando la eficiencia y eficacia del sistema de bienestar pero sin afectar a las lí­neas rojas de dicho sistema”.

Así­, el Programa Nacional de Reformas 2014 incluye muchas de las propuestas y recomendaciones presentadas por el Tercer Sector de Acción Social, de modo que el fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza queda recogido como uno de los objetivos prioritarios de las medidas incorporadas en el PNR 2014.

Además, el documento incorpora el Programa el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana, así­ como la Estrategia Española sobre Discapacidad, todos ellos en apoyo a los colectivos más vulnerables en los ámbitos de la educación, sanidad, empleo y servicios sociales. Estas actuaciones se ven complementadas con instrumentos como, por ejemplo, la nueva Estrategia Nacional para Personas Sin Hogar.

Según se recoge en el Programa, el Tercer Sector “desempeña un papel destacado en el diálogo social” e incorpora medidas para reforzar su papel, como una nueva Ley del Tercer Sector de Acción Social y la reforma de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. En esta lí­nea, se recogen las orientaciones sociales, de inclusión social y de lucha contra la pobreza de los Fondos Estructurales, de modo que para el periodo 2014-2020 España ha programado 1.669 millones de euros del Fondo Social Europeo y 363,8 millones del Fondo Feder para “promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”.
En este sentido, se incorporan medidas destinadas a procurar una formación orientada a la inserción laboral de los jóvenes, a través de una reforma que diferencia más claramente las trayectorias formativas y que permite el desarrollo del modelo de formación profesional dual.

Por último, del mismo modo, está en estudio la modificación de la Ley de Contratación Pública para reforzar la reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad. Esta medida se verá complementada con otras actuaciones dirigidas a facilitar la incorporación de este colectivo en el mercado laboral.