El Informe Económico y Financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, registró en el Congreso de los Diputados junto al proyecto de Presupuestos Generales, utiliza el calificativo “minusválido” para referirse a personas con discapacidad, perpetuando así­ una terminologí­a que deberí­a estar ya erradicada de los textos legales en cumplimiento de la Ley de Dependencia.

Precisamente, este texto oficial, recogido en la Serie Amarilla de documentación, se refiere al colectivo con el calificativo “minusválido” hasta en siete ocasiones y habla de “discapacitados” en otras tres, en lugar de utilizar la expresión “persona con discapacidad”, establecida por ley al considerarse más respetuosa con la dignidad de las personas con discapacidad.

La disposición octava de la Ley de Promoción de la Autonomí­a Personal y Atención a la Dependencia estableció en diciembre de 2006 que “las referencias que en los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalí­a, se entenderán realizadas a personas con discapacidad”, prescripción que entrarí­a en vigor en enero de 2007, recogiendo así­ una demanda tradicional del colectivo.

Por último, tres años más tarde, el Consejo de Ministros que presidí­a José Luis Rodrí­guez Zapatero aprobó el Real Decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que ordenó la sustitución de la expresión “minusválido” en la norma de 1999 que vení­a regulando esta materia. Además, la Comisión Estatal para el Seguimiento del Grado de Minusvalí­a pasó a llamarse “de Discapacidad”.