El nuevo copago farmacéutico no es suficiente si se quiere garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. El Cí­rculo de Empresarios quiere que esta medida -que entró en vigor el 1 de julio en toda España salvo en Euskadi- se extienda a otras áreas médicas como fórmula para contener el gasto sanitario, que a su juicio necesita de un «mayor hachazo». Así­ se recoge en el informe ‘Hacia una Sanidad sostenible II’, presentado ayer por esta organización no lucrativa de ámbito nacional creada en 1977, en el que además se exponen otra serie de recomendaciones para mejorar la viabilidad del modelo actual.

Los empresarios valoran «positivamente» las reformas acometidas por el ministerio que dirige Ana Mato, aunque consideran que son insuficientes «porque a largo plazo el impacto de la Sanidad en las cuentas públicas será superior al del sistema de pensiones», advirtieron. Por ello, abogan porque el copago «vaya más allá del medicamento», especialmente en la atención hospitalaria, «que es una de las más caras», señaló el presidente del comité de Sanidad, John de Zulueta, que presentó el estudio junto con la presidenta del Cí­rculo de Empresarios, Mónica de Oriol.

Según arroja el informe, España es junto a Dinamarca y Reino Unido los únicos paí­ses de Europa que aplican el copago solo a los medicamentos. Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Noruega y Suecia representan la otra cara de la moneda: conjugan la financiación pública y el aporte económico del usuario para sufragar la atención primaria (ambulatorios), la especializada, la hospitalaria y los servicios de urgencia, además de los fármacos.

En este sentido, De Zulueta se mostró a favor de implementar el copago en España, a fin de «disuadir a la gente», como ocurre en Italia. En el sistema sanitario del paí­s transalpino, por ejemplo, está estipulado que aquellas personas que acudan a Urgencias y que no terminen hospitalizadas sean ‘penalizadas’ con 20 euros.

Asimismo, valoró muy positivamente el hecho de que en algunas naciones se haga al paciente correr con los gastos de su manutención a partir del sexto dí­a de estar hospitalizado. Del mismo modo compartió la idea de castigar para evitar el abuso, una fórmula que se emplea ya en el Reino Unido. Así­, indicó que en Gran Bretaña si una persona no sigue las pautas dictadas por su médico, el facultativo puede excluirle de su lista de pacientes. «El enfermo también tiene que ser responsable del gasto», recalcó.

En una de sus intervenciones más polémicas, llegó a calificar de «positivas» estas medidas porque «¿para qué estamos gastando, por ejemplo, en un trasplante de hí­gado de un alcohólico. Hay que valorar la relación entre el coste y beneficio de las actuaciones, ya que estamos hablando de intervenciones caras. Si el paciente no obedece las normas del médico, entonces no tendrí­a que recibir el tratamiento», zanjó.

«La ineficacia del sistema se ha escondido en un cajón», criticó De Zulueta ante el enorme gasto sanitario acumulado en los últimos años. Cada ejercicio, el Estado aporta 60.000 millones de euros a la sanidad, lo que supone el 9% del Producto Interior Bruto (PIB). Durante el periodo 2000-2009 (el analizado por el informe), el gasto se incrementó un 42%. Si a esta subida se le añade que el PIB apenas creció en ese espacio, da como resultado unas cuentas deficitarias, explicaron los empresarios.

Eso sí­, en el último año el gasto se ha reducido, pero a golpe de ajuste. Aun así­, con una población cada vez más envejecida y con una mayor esperanza de vida, «el esfuerzo financiero que esto conlleva pone en dificultad el actual sistema», explicó Mónica de Oriol, la presidenta.De ahí­ que una de las principales recomendaciones que recoge el informe es mejorar la gestión de los recursos. En este sentido, apuestan por reformar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pues «el actual es inviable ante la dificultad de que 17 autonomí­as se pongan de acuerdo debido a las peculiaridades de cada sistema sanitario», indicó De Zulueta.

El experto también defendió la generalización de un modelo público-privado, ya que los hospitales con un sistema mixto (financiación pública, pero dirigidos por empresas) reducen el gasto sanitario hasta en un 25%. Y puso como ejemplo el hospital de Manises (Valencia). De Oriol apostilló la conveniencia de «ir eliminando» personal «estatutario», es decir, el fijo, para sustituirlo por «contratados laborales».

Desde el convencimiento de la necesidad de «cambiar un sistema no eficiente», ambos apostaron por ejercer «un control y una evaluación» continua a los centros sanitarios hasta el punto de llegar a hacer públicas las estadí­sticas sobre mortalidad o supervivencia de cada hospital, como se hace en Nueva York. Son las ‘recetas’ de los empresarios para la Sanidad pública.