El 60% de los españoles considera ‘insuficiente’ la atención que reciben las personas con discapacidad
Casi el 60% de los españoles considera ‘más bien insuficientes’ los servicios sanitarios y sociales que proporciona la sociedad a las personas con discapacidad, mientras que el 25,6% los califica de ‘totalmente insuficientes’, según se desprende del último barómetro realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Además, cerca del 50% afirma que las prestaciones económicas y beneficios fiscales que las administraciones conceden a las personas con discapacidad son también “insuficientes” y el 31,6% dice que son “totalmente insuficientes”. Asimismo, el 26% considera que en los últimos 10 años la asistencia y apoyo a las personas con discapacidad “no ha mejorado nada”, mientras que el 39% cree que “ha mejorado poco”.
La accesibilidad en los pueblos y en las ciudades de España tampoco sale bien parada en esta macroencuesta del CIS, en la que han participado más de 2.400 españoles. Así, el 67,7% de los encuestados reconoce que hay aceras con obstáculos y socavones que dificultan la vida de las personas con discapacidad, un 64,7% considera que los semáforos con sonido y duración suficiente para personas con dificultad para caminar no son habituales y otro 60,8% denuncia falta de accesos fáciles o de viviendas con rampas. Asimismo, un 60,2% concluye que “debería dedicarse más dinero a suprimir barreras físicas que dificultan la vida de las personas con discapacidad”.
Por otro lado, la accesibilidad en los transportes también sigue siendo una ‘asignatura pendiente’ para los encuestados: al menos un 24,7% considera que es “muy díficil” para las personas con discapacidad poder coger un transporte público. Sobre quién es el responsable de mejorar la integración y condiciones de vida de las personas con discapacidad, un 70% responsabiliza al Estado, un 44% sostiene que le corresponde a la comunidad autónoma y un 24% manifiesta que es el Ayuntamiento quien se debe ocupar de ese cometido. Cuando el CIS preguntó sobre quién “verdaderamente se responsabiliza más” de mejorar la calidad de vida de los discapacitados, el 29% se decanta por las ONG y fundaciones, el 19,6% dice que es el Estado y el 18,9%, las comunidades.
