Comienzan a declarar los empleados…

Los trabajadores de Marketing Finance & Profesional Contact Center (MKF), la empresa de telemarketing con ramificaciones en las provincias de Granada, Jaén y Málaga investigada por el supuesto uso de discapacitados para el cobro fraudulento de subvenciones de la Junta de Andalucí­a, comienzan a declarar a partir de este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, encargado del asunto.

Según han informado fuentes del caso, la ronda de declaraciones de los empleados, que arranca a partir de las 9,30 horas, continuará el jueves y el viernes, después de que ya haya ofrecido su testimonio en Madrid, concretamente en el Juzgado de Instrucción número 40, uno de los gerentes de la empresa, de iniciales J.E.S.B., que, según su abogado, “no ha hecho nada de lo que se dice”.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, del que es titular el magistrado Basilio Garcí­a, investiga a la empresa por posibles delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, y tendrá que citar también al otro gerente imputado.

El sindicato CCOO en Granada ya se ha personado como acusación popular en este caso “para defender los intereses generales de los trabajadores” e investigar si la empresa, que opera a través de una fundación en todo el territorio nacional, ha incurrido en las mismas supuestas irregularidades en otras comunidades autónomas, ya que ya tienen indicios de que en Canarias se haya producido la misma situación.

Según el asesor jurí­dico de CCOO, Amador Torres, el asunto ha sido además remitido por la Fiscalí­a Superior de Andalucí­a, que incoó diligencias el 6 de junio del pasado año, a la Fiscalí­a General del Estado (FGE), concretamente a su departamento para la tutela penal y contra la discriminación.

El Juzgado ha iniciado la investigación tras recibir el decreto de la Fiscalí­a Superior en el que consideraba que MKF podrí­a haber incurrido, cuando menos indiciariamente, en “graves irregularidades”.

De hecho, y después de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Policí­a Judicial adscrita a la Fiscalí­a, el fiscal superior, Jesús Garcí­a Calderón, concluí­a que los hechos, denunciados en su dí­a por el sindicato de CCOO y un conjunto de trabajadores de la empresa, podrí­an ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, o de falsedad en documento público, según constaba en el decreto al que ha tuvo acceso Europa Press.

La Fiscalí­a acordó entonces remitir lo investigado por la Policí­a Judicial, a través de la Fiscalí­a Provincial de Granada, al Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, así­ como a las Fiscalí­as Provinciales de Jaén y Málaga “para su conocimiento y a los efectos oportunos”.

Según el informe policial realizado, la mayorí­a de las contrataciones de la sociedad, siempre bonificadas como incentivos a la contratación de personas con discapacidad, tuvieron una duración de poco más de una semana y, en cualquier caso, “sin superar los cuatro meses de duración contractual establecido como periodo de prueba”.

Estas contrataciones “han supuesto un notable incremento económico para la beneficiaria de las subvenciones”, que, “en ningún caso y de manera intencionada”, ha vinculado su percepción con la continuidad temporal del empleo con la integración laboral de las personas discapacitadas que fueron contratadas e incluso con la viabilidad económica de la empresa.

El total de trabajadores con discapacidad que fueron afectados por estas situaciones de contratación bonificada es de un total de 307 entre las tres provincias, y la cantidad total percibida por MKF de la Junta de Andalucí­a asciende a 1.384.241,68 euros, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

El cobro de estas cantidades ha supuesto por la empresa el “reiterado y continuo incumplimiento” de la legislación aplicable por la concesión de incentivos a los centros especiales de empleo para la contratación de personas con discapacidad y, en ese sentido, la Fiscalí­a recordaba que la Consejerí­a de Empleo debe tener el “suficiente control y seguimiento de estas contrataciones subvencionadas para reclamar el cumplimiento de sus fines o interesar el oportuno reintegro de las cantidades percibidas”.

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