Barcelona sancionará con hasta 18.000 euros el uso fraudulento de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad
El anteproyecto de la nueva ley de accesibilidad elaborado por el Govern contempla, entre otros aspectos, multas de hasta 18.000 euros por usar indebidamente una tarjeta de aparcamiento para discapacitados, y da un plazo de tres años a los ayuntamientos para que elaboren un plan de accesibilidad en caso de no disponer de ninguno actualmente.
El texto recoge las nuevas sanciones a particulares y entidades, triplicándose en algunos casos los importes, como en el de hacer uso de alguna acreditación para discapacitados sin serlo.
En la anterior ley, creada en 1991, usar indebidamente una tarjeta de aparcamiento para discapacitados estaba sancionada con entre 300 y 6.000 euros, pasando ahora a ser de 301 a 18.000.
Con la nueva normativa prevista, también aumentan las sanciones individuales por obstaculizar la acción de los servicios de inspección, cualquier tipo de discriminación hacia personas con discapacidad e incumplir la reserva mínima de viviendas, entre otras medidas.
En el caso de las entidades, se sancionarán por infracciones leves aquellos lugares donde no se mantengan las condiciones mínimas de higiene, salubridad y conforte, superar el límite de ocupación de usuarios en los espacios comunes.
El anteproyecto también aumenta el grado de gravedad del mal uso de las contenciones en ancianos por parte de los profesionales de las residencias, elevándolo a categoría de infracción muy grave.
Así, inmovilizar o restringir la capacidad física e intelectual de los usuarios –mediante medios mecánicos como correas o farmacológicos– sin prescripción médica que indique la duración, las pautas y la revisión de la contención estará penado, del mismo modo que lo estará no hacerlo en caso de estar indicado, recoge el texto.
Además de endurecer las sanciones, el anteproyecto de ley obliga a los ayuntamientos que no dispongan de normativa en este ámbito a elaborar un plan de accesibilidad antes de tres años, que deberá revisarse cada seis.
Estos planes deben contemplar las actuaciones necesarias para que todos los aspectos que sean competencia del consistorio –territorio, edificios, medios de transporte, productos, servicios, comunicación, etc.– alcancen las condiciones de accesibilidad necesarias.
El anteproyecto da un plazo de 10 años a los municipios de más de 50.000 habitantes para ejecutar sus planes, 15 a los que tienen entre 20.000 y 50.000, y 20 en el caso de los pueblos de menos de 20.000 vecinos.
