La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucí­a, Marí­a Jesús Montero, advirtió recientemente al Gobierno central de que las comunidades no pueden sostener solas las prestaciones por Dependencia y acusó al Ejecutivo central de llevar a cabo una ‘derogación velada’ al ‘retirarse’ de las aportaciones que está obligado por ley.

‘Piensa que las comunidades solas y las corporaciones locales podemos sostener este pilar del Estado del Bienestar, pero desde ya le digo que es imposible’, matizó Montero en una comparecencia pública esta misma semana en una Comisión del Parlamento andaluz celebrada con el objetivo de informar sobre el grado de aplicación de esta ley.

Montero apostó, asimismo,  por ‘unir fuerzas’ para que se pueda ‘disuadir al Gobierno de su intención de retirarse de las aportaciones a la ley’. Así­, reprochó que el Gobierno se haya ‘retirado’ del reparto de la carga económica, ‘que antes estaba al 50 por ciento por parte del Estado y el 50 por las CC.AA., y ahora es del 30 y 70 por ciento, respectivamente’, al tiempo que ha denunciado, por contra, la ‘extralimitación que la Administración estatal está haciendo en sus competencias al invadir las de las comunidades’, en relación al nuevo procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones previstas en esta normativa.

‘Sólo en 2012 hemos contado con 89 millones de euros menos para el desarrollo de la Ley de Dependencia porque el Gobierno ha dejado de aportarlos’, ha recordado Montero, quien, pese a esta menor aportación estatal, ha lamentado que el Gobierno central ‘encima quiera acusar a la Junta de dar una paguita a las familias’.

Además, incidió en que ‘la falta de aportación del Gobierno no se puede compensar ni por corporaciones locales ni por la Junta, además de que ello está provocando que el ritmo de incorporaciones a la ley se haya ralentizado’. Pese a esta ‘derogación velada’ de la ley por ‘falta de financiación estatal’, Montero ha ensalzado que el ‘esfuerzo’ del Gobierno andaluz está haciendo posible que en Andalucí­a ‘existan más de 190.000 personas beneficiarias de la ley, lo que supone que uno de cada cuatro españoles con alguna prestación de las recogidas en esta Ley es andaluz’.