Los enfermos crónicos de riñón, unos 45.000 en España, aún no se lo creen. El real decreto ley para la sostenibilidad de la sanidad no dice nada de ellos. En el texto legal no hay ningún apunte que les haga pensar que a ellos no les van a aplicar toda esa lista de nuevos pagos. No se lo pueden creer. Porque, si se aplica la norma tal como está escrita, un paciente medio, con sólo tres dí­as de diálisis a una distancia no muy larga de su casa y con medicación estándar, sin más complicaciones de las que son más frecuentes, el cambio legal le puede costar entre 120 y 150 euros al mes.

Les tocan todos los copagos. La mitad de los pacientes van a diálisis. Muchos, tres veces a la semana, aunque en el caso de personas que también tengan un problema cardiaco, hacen diálisis cinco dí­as a la semana y, en la mayorí­a de casos, van y vienen en transporte sanitario no urgente, aunque unos pocos van por su cuenta y vuelven con la ambulancia. “Una parte no desdeñable de los pacientes hacen largos viajes (150-200 kilómetros) para llegar al centro de diálisis más cercano, o han de cambiar de isla”, apunta Juan Carlos Julián, gerente de la federación de asociaciones Alcer.

Hasta ahora el transporte estaba incluido en el tratamiento. Ahora, según el real decreto, no. “No tiene sentido y menos ahora. Si el pensionista cobra 700 euros al mes ya deberá pagar el 10% del coste sin lí­mite de cantidad, lo que pueden ser 60 u 80 euros, y castigando especialmente a los que viven más lejos de un centro de diálisis”, apunta el gerente de la federación.

También les toca el copago de los complementos dietéticos. La mayorí­a toma complementos proteicos que ahora se quedarán fuera de cobertura. Y la mitad de este grupo además son diabéticos y muchos tienen patologí­as asociadas que a menudo requieren productos ortoprotésicos, también excluidos de la cobertura básica.

En cuanto a la medicación, la mayorí­a toma antihipertensivos, protectores gástricos y medicación para diabetes cada dí­a. Y la otra mitad de los enfermos crónicos de riñón están trasplantados, por lo que al menos han de tomar cada dí­a medicación inmunosupresora, que hasta ahora se beneficiaba de precio reducido, las de punto negro, por las que se pagaba una cantidad máxima de poco más de 2 euros. “Para un pensionista de 700 euros al mes, que ya no entra en el rango de los ingresos mí­nimos, el 10% de sus medicamentos puede sumar cada mes unos 80 euros, y aunque haya un tope de 8 o de 18 euros, lo habrá de pagar y ya se lo devolverán ¿Tiene idea el ministerio de lo que supone eso? El PP se comprometió con nosotros en que no habrí­a copago y esperamos que en los seis meses que quedan para su entrada en vigor corrijan el texto para los enfermos crónicos, porque nos llevan a una situación insostenible, en la que muchos enfermos no podrán pagarse el tratamiento y de lo que han hecho no nos habí­an dicho nada”, explica el gerente de la federación.

La organización ha pedido hablar con la secretaria general del ministerio, Pilar Farjas, para saber a qué atenerse, “pero en el texto legal no se dice nada de nosotros ni de que vayamos a tener un tratamiento especial”. La medicación es muy cara, pero hasta ahora pertenecí­a al grupo del punto negro, de las que van a precio reducido si las paga un activo y nada si lo hace un pensionista. Lo habitual es que tomen medicinas de por vida.