El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha asegurado este miércoles que “es un compromiso del Gobierno” incrementar la financiación del Sistema de Autonomí­a Personal y Atención a la Dependencia “lo que sea necesario” para completar su implantación, que culmina este año con la entrada de los dependientes moderados, unas 300.000 personas, a partir del 1 de julio.

“El compromiso del Gobierno es habilitar la disposición presupuestaria que sea necesaria para la incorporación de estas 300.000 personas”, ha señalado, para incidir en que es un compromiso de todo el Ejecutivo y adquirido ya por el Ministerio de Hacienda. No hay, no obstante, previsión de la cuantí­a.

Alonso se expresaba así­ en rueda de prensa al término del Consejo Territorial en que ha dado cuenta a los responsables autonómicos del balance del sistema correspondiente a 2014 y les ha encomendado realizar lo antes posible, un análisis en profundidad de la aplicación de la ley desde su entrada en vigor. “Es más que la evaluación anual. Es un estudio para buscar un diagnóstico compartido que pueda llevarnos a una propuesta de futuro (…) Será la base para el futuro que queremos de la dependencia”, ha destacado.

El objetivo, según ha dicho, es que el balance, que realizará un grupo delegado del Consejo Territorial, esté listo a la vuelta de las elecciones autonómicas. A partir de su aprobación oficial, prevista para el segundo Consejo Territorial del año, se comenzará a trabajar en las mejoras que se consideren necesarias. En este sentido, ha señalado que la financiación es uno de los temas sobre los que “habrá que hablar” ya que “no hay ninguna comunidad autónoma que esté satisfecha con el sistema” actual, que siendo de otro gobierno “ni siquiera las del otro gobierno están satisfechas”.

Por último, ha apuntado además que España está empezando a salir de “la situación presupuestaria más difí­cil de su historia” y de un sistema de “respiración asistida” para la financiación de la ley, pese a los que Estado “ha cumplido sus obligaciones” en la financiación de la ley, como dijo en su último informe el Tribunal de Cuentas.