Rajoy rechaza ceder a las comunidades el reparto de la casilla social del IRPF
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó este miércoles una petición de CiU para que el Estado ceda a las comunidades autónomas la gestión, tramitación y pago de las subvenciones otorgadas a partir de la recaudación obtenida mediante la casilla social de la declaración de la Renta.
Rajoy afirmó que “no parece razonable” cambiar el sistema actual, al responder una pregunta del portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja.
Duran emplazó a Rajoy a “respetar” una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2011 y se amparó en ella para reclamar una “territorialización del 0,7% de los recursos recaudados en concepto de IRPF ” a través de la casilla social de la declaración de Renta.
Rajoy dijo que el Gobierno “respeta, acata y cumple” las resoluciones judiciales, pero puntualizó que esa reciente sentencia del Tribunal Supremo hace referencia a un tema “procedimental” y no a una “cuestión de fondo o de competencias” sobre quién debe gestionar el reparto del 0,7% recaudado a través del IRPF para fines sociales.
Replicó al portavoz de CiU que la sentencia del Supremo “no dice que el reparto ha de hacerse como usted dice”, y apostó por mantener el sistema actual, establecido en 2009 por el Gobierno de Zapatero, al entender que “sirve al interés general y sirve de manera sensata y eficaz” para repartir las ayudas.
Duran i Lleida advirtió de que no cumplir las resoluciones judiciales es “otra forma de acabar con el Estado autonómico”, al igual que recortar competencias de sanidad o educación, como este martes propuso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al salir del Palacio de La Moncloa.
El portavoz de CiU esgrimió que la sentencia del Tribunal Supremo está amparada por otra previa del Tribunal Constitucional con fecha 8 de noviembre de 2011, que, en su opinión, establece con claridad que “dentro de las competencias autonómicas está la gestión, tramitación y pago de subvenciones”.
Duran añadió que el Gobierno central “no tiene excusa para no cumplir” ambas sentencias judiciales, más aún cuando considera que el sistema de financiación de Cataluña es “injusto” por aportar más dinero al conjunto del Estado del que luego recibe.
Por su parte, Rajoy sostuvo su tesis en los informes elaborados por la Abogacía General del Estado y en un acuerdo alcanzado en 2009 entre todas las comunidades autónomas, sobre el que Duran matizó que la Generalitat de Cataluña no comparte.
El presidente del Gobierno indicó también que los programas sociales que quiere gestionar en solitario la Generalitat “no son sólo autonómicos”, ya que en muchos casos están desarrollados “por entidades locales o de ámbito nacional que pueden actuar en una o dos autonomías”.
Por eso, insistió en que “el sistema actual de acordar, pactar y entenderse con lealtad institucional ha funcionado bien y no parece razonable” cambiarlo a estas alturas.