El portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, registró una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que amplí­e el Plan de Pagos a Proveedores al Tercer Sector, con el objetivo de que el Estado adelante el abono de deudas de las comunidades autónomas y ayuntamientos ‘para evitar su desaparición’.

‘Las entidades sin ánimo de lucro necesitan urgentemente un plan de rescate’, alerta Campuzano, quien con esta iniciativa se propone movilizar a las fuerzas polí­ticas para ‘salvar al Tercer Sector’ y no ‘abocarle a la quiebra’. Y es que, según argumenta el parlamentario de CiU, las entidades sin ánimo de lucro están pasando por una situación muy difí­cil porque se están cerrando sus fuentes de financiación como consecuencia de la crisis.

Así­, prosigue, las administraciones autonómicas y locales no pueden hacer frente a sus deudas con el Tercer Sector porque no tienen liquidez, a lo que se suma la desaparición de las obras sociales de las cajas, o la disminución de las contribuciones individuales. A este respecto, el Grupo Catalán cita los datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que asegura que las administraciones autonómicas y las corporaciones locales debí­an en septiembre de 2012 a sus entidades más de 230 millones de euros en concepto de ayudas y subvenciones reconocidas y no abonadas. Esto supone, según el Cermi, que en comparación con 2011, la deuda se incrementó en 75 millones de euros, lo que evidencia, apunta CiU, “que este grave problema de los impagos y los retrasos se intensifica con el paso de los meses”.

Por último, en concreto, la proposición de CiU insta al Ejecutivo “a impulsar, en el plazo de tres meses y conjuntamente con las comunidades autónomas, una nueva ampliación del Plan de Pagos a Proveedores o, alternativamente, a establecer medidas que favorezcan de forma prioritaria el pago de deudas de las administraciones territoriales con entidades sin ánimo de lucro” derivadas de actividades diversas.