El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de hacer un llamamiento a las distintas administraciones para que incorporen la evaluación en todas sus polí­ticas y programas públicos de discapacidad como criterio para determinar su acierto y continuidad.

A juicio del Comité, en España no existe tradición de someter a evaluación ningún tipo de polí­tica pública, incluidas las de discapacidad, por lo que estas carecen del debido contraste -antes, durante y con posterioridad a su ejecución- que indique si son exitosas o no, en cuanto a cumplir con el objetivo pretendido al ponerlas en práctica. ‘Esto lleva a que se desarrollen polí­ticas que no se sabe qué resultado tendrán, o a mantener otras indefinidamente cuya perduración no viene avalada por un impacto positivo demostrado’. Asimismo, según el Cermi,  ‘este importante déficit de procedimiento hace que las polí­ticas públicas de discapacidad tengan una carga desmedida de intuición, de azar o de costumbre que resiente su eficacia, y más en unos momentos de crisis en los que cualquier decisión tiene que estar basada en criterios contrastados de eficacia’.

Por último, para comenzar a remediar esta situación, el Cermi y la Fundación ONCE ultiman la confección de un protocolo de evaluación de polí­ticas públicas de discapacidad, al que seguirán sendos manuales de aplicación, dirigidos tanto a las administraciones como a las organizaciones representativas de este sector, con el fin de ir introduciendo la cultura de la evaluación en la acción pública en materia de discapacidad.