El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) acaba de plantear al Gobierno, a través del ministerio de Economí­a y Competitividad, una serie de medidas para reforzar y preservar la posición nacional de la empresas de iniciativa social del mundo de la discapacidad, a fin de evitar ‘los males derivados de la actual fragmentación del mercado interior’, con múltiples focos de decisión, ‘muchas veces contradictorios y siempre ineficientes’.

Con vistas en la futura ley de unidad del mercado interior, anunciada por el Gobierno de España, el CERMI ha propuesto que la citada regulación incorpore previsiones para que por ejemplo los centros especiales de empleo, empresas en que al menos el 70% de su plantilla está compuesta por trabajadores con discapacidad, ‘puedan operar en todo el mercado español, sin exigencias ni restricciones injustificadas impuestas por las comunidades autónomas, que afectan de modo negativo a su competitividad y sostenibilidad’.

Esta propuesta, en el marco de las medidas dirigidas a garantizar la unidad de mercado en España, tiene como objeto que los centros especiales de empleo vean simplificados sus trámites de calificación y registro, necesarios para poder actuar en el mercado y, por consiguiente, puedan operar en el mercado español con menores trabas administrativas, lo que mejorará sus niveles de competitividad con otras empresas a las que se les están aligerando también de las mismas.

Asimismo, se propone que los centros especiales de empleo que operan en varias comunidades autónomas no precisen obtener una calificación en cada Comunidad Autónoma, como ocurre ahora, sino que solo se sometan a una en el Servicio Público de Empleo Estatal.

Otra de las propuestas del CERMI, es que las medidas estatales de polí­ticas activas de empleo dirigidas a favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, incluidas las destinadas a centros especiales de empleo, tendrán un contenido común mí­nimo en todo el Estado, que deberá ser ejecutado por las Comunidades Autónomas.

Para ello, una vez distribuidos territorialmente por el Estado los fondos aplicados a dichas medidas, las Administraciones de las Comunidades Autónomas deberán abonarlos a sus destinatarios últimos en el mismo ejercicio en el que se transfirieron por el Estado, respetando el contenido común mí­nimo regulado estatalmente.