El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Ministerio de Educación que promueva un cambio normativo que impida que se expulse de las prácticas en empresas a los universitarios con discapacidad.

Precisamente, el Cermi explicó en un comunicado que lleva ya tiempo denunciando “la rigidez normativa” en materia de compatibilidad entre pensiones no contributivas y el ejercicio de actividades que generan ingresos económicos como la percepción de becas por la realización de prácticas en empresas, algo que “está apartando a muchos estudiantes universitarios con discapacidad de la posibilidad de acceder a un empleo”.

Según esta plataforma, son “muy numerosas” las quejas de estudiantes universitarios con discapacidad que están llegando al Cermi para denunciar que se han visto obligados a renunciar a realizar prácticas en empresas como becarios, porque si percibí­an el importe de la ayuda económica de la beca perderí­an la pensión no contributiva que reciben por su elevado grado de discapacidad. “Ante esta disyuntiva, provocada por el severo régimen de incompatibilidades entre pensión no contributiva y actividad formativa con compensación económica, y a causa del temor a perder la prestación social, estos estudiantes renuncian a las prácticas en empresas, y por tanto al posible empleo que le seguirí­a.

Asimismo, en la misma lí­nea, el Cermi prosiguió diciendo que “esta deficiente regulación legal” desincentiva el acceso al empleo de personas con discapacidad altamente cualificadas con interés para las empresas, por lo que debe modificarse “con urgencia”. Para evitar este “bloqueo”, el Cermi propone cambiar la normativa sobre pensiones no contributivas en dos puntos. Por un lado, aboga por no considerar como computables los ingresos que reciben estos pensionistas por la realización de prácticas laborales en empresas a la hora de determinar el umbral de renta que permite mantener la prestación social. Y por otro, elevar sustancialmente la cuantí­a máxima hasta la que se permite la compatibilidad entre pensión e ingresos por el desarrollo de actividades económicas, que ahora es solo del 1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (Iprem) vigente.

Por último, con el fin de conseguir el cambio normativo, el Cermi traslada a Educación una propuesta de modificación para que la examine el departamento que preside el ministro José Ignacio Wert y la promueva en el seno del Gobierno. Esta misma propuesta la ha remitida el Cermi a los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social, con interés y responsabilidad en la materia, junto a Educación.