El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) solicitó que se tomen ‘las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las mujeres con discapacidad a los Servicios Telefónicos de Atención a Ví­ctimas’ de violencia de género.

Esta reivindicación se hizo pública a raí­z de los últimos datos conocidos de actividad del servicio telefónico 016, presentados ayer. Constatan que el 7% de las llamadas que recibe el 016, el teléfono de información sobre violencia de género, son de ’emergencia’, mientras que al 24% se les proporcionó asesoramiento jurí­dico. La mayorí­a de las consultas al 016 se produce entre las diez de la mañana y las tres de la tarde, aunque el ‘pico’ de llamadas se da entre las 11 y las doce de la mañana. Asimismo, en los meses de enero y febrero de 2013 se han efectuado 8.520 llamadas pertinentes y la media de llamadas diarias es de unas 180 por dí­a. Desde el nacimiento del 016 hasta el 28 de febrero de 2013 se han efectuado 361.912 llamadas pertinentes, de ellas, el 75% fueron efectuadas por la mujer que sufre violencia de género, 80.928 por una persona allegada a la ví­ctima o algún familiar y 9.556 fueron efectuadas por otras personas.

En la jornada de trabajo en la que se dieron a conocer estos datos participó Ana Peláez, Comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), quien analizó los nuevos retos de la gestión de servicios telefónicos de atención a ví­ctimas. Peláez pidió que se tomen ‘todas las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad, en igualdad de condiciones con sus iguales sin discapacidad, a los Servicios Telefónicos de Atención a Ví­ctimas, incluidos los sistemas y las tecnologí­as de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, a los que pudieran ser orientadas, tanto en zonas urbanas como rurales’.

Precisamente, estas medidas, a su juicio, ‘deben incluir la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, contando para ello con la participación de las propias mujeres y niñas con discapacidad en todas las fases del proceso’ y se deberán aplicar ‘a los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia’.