Madrid, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla, suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia y el resto de comunidades autónomas, a excepción de Castilla y León y el Paí­s Vasco, tienen el sistema en “clara decadencia”, según el dictamen del XII Observatorio de la Dependencia.
Este estudio que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales analiza la evolución del Sistema de Autonomí­a Personal y Atención a la Dependencia en todo el paí­s partiendo de una docena de indicadores que van desde la existencia de listas de espera hasta el gasto público, el equilibrio entre servicios y prestaciones o el volumen de atendidos sobre el total de la población.

La organización, que ha dado a conocer sus conclusiones el pasado viernes en Segovia, asigna una puntuación a cada indicador y después calcula las notas medias que, aplicadas a una escala de cero a diez y en función de los resultados obtenidos a nivel nacional, arrojan varios suspensos: la Comunidad Valenciana obtiene un 0,4, la peor nota de toda España, seguida de Canarias, con un 0,8. Después están Ceuta y Melilla (1,3), Baleares (2,9), Aragón y Asturias, que empatan con un 3,8, y Madrid, que se queda en un 4,3. En el aprobado se sitúan Galicia, Navarra, Murcia, con un 5, seguidas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña, las tres con un 5,4; Andalucí­a (5,8), Cantabria y la Rioja (6,3). En la parte alta de la tabla se ubican Castilla y León y Paí­s Vasco con 9,6 y 8,3 puntos, respectivamente.

El presidente de la Asociación, José Manuel Ramí­rez, en rueda de prensa junto con el vicepresidente, Gustavo Garcí­a, ha lamentado que los territorios con peores datos, como Canarias o la Comunidad Valenciana, obtienen también resultados negativos en servicios sociales. Ha ensalzado por el contrario el desarrollo de la atención en regiones como Paí­s Vasco y Castilla y León y la apuesta de esta última por mantener el sistema desde los servicios sociales y de proximidad.

Por último, al respecto, ha valorado que, a pesar del “quebranto” económico derivado de los recortes presupuestarios del Gobierno, Castilla y León haya conseguido con fondos propios y la descentralización del sistema atender a más de 60.000 dependientes y reducir a menos de 3.000 aquellas personas que por cuestiones de trámites carecen de atención pero tienen derecho a ella.