Los niños con discapacidad deben tener ‘atención preferente’ para el acogimiento familiar, según el Defensor del Pueblo
La Oficina del Defensor del Pueblo 2013 recomienda a las administraciones que contemplen “una atención preferente a los acogimientos familiares de niños y niñas con discapacidad”, para lo que, si es necesario, se podría acudir a “un programa de garantía nacional que incluya medidas de apoyo económico allí donde sea necesario”.
Así lo afirma el informe anual que la Oficina del Defensor del Pueblo 201 presentó este jueves en las Cortes Generales, que además aconseja que los niños de 3 a 6 años que permanecen en centros también tengan una prioridad para el acogimiento familiar sobre el residencial, para facilitar su mejor desarrollo e integración social. Asimismo, pide que no se lleven a cabo acogimientos residenciales para los menores de 3 años, con el mismo objetivo.
Para la institución es “una preocupación constante” evitar el acogimiento residencial prolongado de menores, pues “tiene frecuentemente consecuencias adversas, a las que hay que unir el incremento de la dificultad para encontrar un hogar de acogida, a medida que los menores van cumpliendo años. “Aun cuando dos tercios de los menores de 5 años acogidos lo están en núcleos familiares, todavía un tercio de ellos permanecen en centros residenciales”, denuncia el organismo que dirige Soledad Becerril.
La Oficina del Defensor subraya que, aunque las comunidades autónomas han desarrollado programas de apoyo al acogimiento familiar, los recortes presupuestarios aplicados a las políticas sociales también se dejan ver en el ámbito de los menores: “No se observa un crecimiento significativo en el número de programas y ayudas” para ese objetivo en diversas autonomías”. Otra cuestión por la que también se preocupa la institución de Soledad Becerril es la de los menores infractores. En el informe el Defensor del Pueblo considera que “la defensa jurídica del menor privado de libertad debe ser más real y efectiva”. A este respecto, también pide una actitud “más activa” de la abogacía en cuanto a su presencia y asistencia cotidiana en los centros de menores infractores.
