La Organización Médica Colegial (OMC) ha aprobado por unanimidad un documento donde insta a “revisar y reformar con urgencia” el sistema de patentes y los lí­mites que se otorgan en el sector sanitario para medicamentos y productos sanitarios, así­ como los criterios para su financiación y establecimiento.

En un documento, aprobado por la Asamblea General recientemente, recuerda que la patente como valor nunca puede anteponerse al valor absoluto de la vida. En consecuencia, “el beneficio de la patente no puede estar por encima de los resultados en salud”. El objetivo es que “el beneficio comercial no eclipse los verdaderos beneficios clí­nicos para los pacientes ni ponga en peligro la viabilidad económica de los sistemas nacionales de salud”.

Asimismo, si la incorporación de nuevos fármacos y/o tecnologí­as se realiza cuando los presupuestos anuales ya están aprobados, solicitan que solo puedan financiarse por una partida extraordinaria que “nunca implicará la detracción de otros elementos del presupuesto sanitario global y que se debe mantener consolidada presupuestariamente en los años sucesivos”.

El documento viene a complementar el aprobado por la Asamblea General en octubre del pasado año sobre el sector farmacéutico, que consiste en un informe pormenorizado en el que la OMC hizo una serie de recomendaciones y propuestas centradas en polí­ticas farmacéuticas vinculadas a la eficiencia; una evaluación económica y social de la prestación farmacéutica; reformas estructurales en las actividades esenciales de la cadena de valor farmacéutica y en los roles agenciales en el sector del medicamento.

Ahora, con este informe, la OMC quiere alertar ante una situación que constituye una “seria amenaza” para el Sistema Nacional de Salud (SNS); y contribuir a que el medicamento cumpla con su objetivo que no es otro que la salud de los ciudadanos, advirtiendo de los riesgos que produce el uso excesivo, insuficiente o indebido de los fármacos y los efectos adversos que esto provoca.

Por último, asimismo, recuerda a las Administraciones sanitarias que “seleccionar el medicamento más adecuado a las necesidades de cada paciente supone un ejercicio de elección clí­nica, ética y profesional, no una estrategia de austeridad”.