Las personas con discapacidad son “prácticamente invisibles” en la polí­tica de Cooperación al Desarrollo y “resulta imposible estimar la ayuda que les llega a través de los fondos multilaterales”, según el ‘Estudio sobre la situación de la discapacidad en la Polí­tica Española de Cooperación para el Desarrollo’ realizado por la experta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Beatriz Martí­nez Rí­os y recogido en el número 35 del periódico ‘cermi.es semanal’.

En este sentido, se estima que la cooperación española dedica un 0,76 por ciento de sus fondos bilaterales a programas sobre discapacidad y que estos fondos se reparten de manera dispersa tanto geográfica como sectorialmente, según informa el CERMI. “El uso que se hace de los fondos para Cooperación al Desarrollo podrí­a ser más eficiente, si hubiera unas directrices claras sobre lo que se tiene que hacer”, ha explicado Martí­nez Rí­os.

El estudio destaca que el dato sobre discapacidad en el mundo sitúa en más de mil millones de personas que viven con discapacidad (el 15 por ciento de la población) y de ellos un 80 por ciento vive en paí­ses pobres, lo que arroja un total de más de 800 millones de personas, según las últimas aportaciones proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS 2011).

Según explica la autora del estudio, en estos paí­ses la discapacidad supone “una mayor exclusión mayor y un riesgo importante”, donde las barreras “son mucho mayores” y tener una discapacidad, en muchas ocasiones, “puede suponer hasta la muerte porque hay una gran vulneración de los derechos y una gran discriminación”.

Además, Martinez Rí­os afirma que “la situación de estos paí­ses en ví­as de desarrollo es tan precaria que ni siquiera existen organizaciones de personas con discapacidad ni entidades que las representen”. Por ello, opina que “una de las acciones más necesarias serí­a la capacitación y empoderamiento de las organizaciones de personas con discapacidad en los paí­ses receptores para que ellos puedan influir en las polí­ticas de su propio paí­s y en las polí­ticas de desarrollo”.

Entre las principales recomendaciones que ofrece Martí­nez Rí­os destaca “aplicar la ley” y conseguir que se establezca un procedimiento en la cooperación al desarrollo en un Plan Director, donde se tenga en cuenta a las personas con discapacidad para que se recojan sus reivindicaciones y demandas en las acciones que se lleven a cabo en la Cooperación Española. También, recomienda la creación de un punto focal sobre discapacidad que se dedique a “transversalizar la discapacidad en todo el trabajo de la cooperación para poder influir en todos los documentos de trabajo que se realicen”.

La autora afirma que es “extraño que siendo España un paí­s adelantado en temas de legislación para la discapacidad, en lo que se refiere al desarrollo, está muy atrasado”. “España está aplicando en sus polí­ticas nacionales, en lo que respecta a la discapacidad, una mayor exigencia que en su polí­tica de Cooperación al Desarrollo”, ha criticado Martí­nez Rí­os.

En este sentido, ha señalado que en materia de discapacidad las polí­ticas de ayuda al desarrollo “han sido evaluadas y se sabe que no sólo se necesitan más fondos, sino que se necesita una planificación estratégica más eficaz y más coherente con la Convención de la ONU y que tenga en cuenta a las organizaciones de personas con discapacidad”.

A raí­z de la ratificación de la Convención de la ONU sobre Discapacidad por parte de España, en agosto de 2011 hubo una modificación de la Ley de Cooperación Internacional, por la que se incluye la “necesidad” de que las personas con discapacidad formen parte de las prioridades sectoriales de la Cooperación española y además, que los mecanismos e instrumentos de cooperación sean accesibles e inclusivos para personas con discapacidad.