Las comunidades autónomas tendrán que certificar por escrito mensualmente y año tras año en qué gastan el dinero que reciben del Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia, según establece una orden que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que será sometida mañana a consideración del Consejo Territorial de Dependencia.

Precisamente, el texto, que creará un nuevo sistema de información del Sistema de Autonomí­a Personal y Atención a la Dependencia (SISAAD), establece que un cargo autonómico no inferior al rango de director general deberá presentar todos los meses un escrito dando fe de la veracidad de los datos de su comunidad sobre altas y bajas de beneficiarios y prestaciones y servicios.

Esta medida, que se justifica en el borrador de la orden por la necesidad de mejorar en “eficiencia” así­ como en “calidad y transparencia”, ya que las comunidades reciben dinero en función de la población atendida, se adopta después de que el Tribunal de Cuentas detectara en una revisión de los datos del sistema la existencia de las de 12.000 expedientes con irregularidades, en muchos casos, por beneficiarios ya fallecidos que aún figuraban de alta.

En virtud de este texto, “el dia 25 de cada mes” tendrán que remitir al IMSERSO un formulario ””con un modelo único en todo el territorio””cumplimentado y firmado por un director general o cargo superior en el que dé cuenta de las altas y bajas que se han cursado en el sistema y las variaciones que hayan podido producirse en los datos facilitados por su comunidad autónoma durante el mes anterior. “Esta certificación servirá para la liquidación mensual del nivel mí­nimo, así­ como para la acreditación de la veracidad de los datos incorporados en el Sistema de Información”, explica el texto, que concreta la obligación de que incluya también datos de resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia, prestación y efectividad del derecho, así­ como las modificaciones relativas a las revisiones de grado y de la prestación reconocida y los traslados”.

Por último, se introducen novedades en cuanto a la información, que se ve ampliada, pues ahora, además de cuestiones como género, edad y grado de dependencia, figurarán también caracterí­sticas del usuario como discapacidad reconocida o enfermedades raras de haberlas y variables socioeconómicas como la condición de emigrante español retornado, junto a una descripción completa del perfil de su cuidador.