El Congreso pedirá que la cooperación para el desarrollo llegue ‘también’ al colectivo
El Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley que insta al Gobierno a que establezca líneas de actuación precisas para que la cooperación internacional para el desarrollo llegue también a las personas con discapacidad que la necesiten.
La iniciativa, aprobada por unanimidad en la Comisión de Cooperación de la Cámara Baja, fue defendida por el diputado popular Francisco Vañó, quien recordó que los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que más de mil millones de ciudadanos viven con algún tipo de discapacidad en todo el planeta y que, de ellos, el 80% habitan en países pobres.
Pese a ello, prosigue la exposición de motivos del texto planteado, ‘la existencia de tantos colectivos desfavorecidos hace casi invisible la discapacidad’ en la cooperación internacional al desarrollo. Sin embargo, argumentó Vañó, ‘en escenarios de crisis humanitarias y ante situaciones de riesgo o emergencia como conflictos armados’, territorios ocupados, desastres naturales, es decir, en entornos con agravadas condiciones de seguridad y protección, ‘es particularmente urgente la atención de las personas con discapacidad, pues su realidad es mucho más dura que la del resto de grupos desfavorecidos’.
Por todo ello, la iniciativa planteada, y finalmente aprobada, pretende reforzar los mecanismos e instrumentos de cooperación para que sean accesibles a las personas con discapacidad.
Del mismo modo, pide que se desarrolle el enfoque de la discapacidad que aparece en el IV Plan Director 2012-2015 de la Cooperación Española, para favorecer su inclusión en el resto de documentos estratégicos y marcos metodológicos que planifiquen, desarrollen y evalúen la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID).
Por último, y a instancias de CiU, el texto aboga por que el Gobierno de España proponga en la próxima reunión sobre discapacidad y desarrollo, que se celebrará en septiembre de este año, una atención prioritaria de los derechos de las personas con discapacidad.