Un total de 12 comunidades autónomas aún no han enviado al Gobierno la información necesaria para aclarar las irregularidades detectadas recientemente por el Tribunal de Cuentas en expedientes de personas dependientes.

Por ello, el Ejecutivo aún no ha podido averiguar qué destino tuvieron 44 millones de euros enviados a las autonomí­as para financiar la atención de 5.398 supuestos casos de dependencia. No es anormal: un 70% de los gobiernos autonómicos son reticentes a rendir cuentas del uso que hacen del dinero que reciben del Estado para financiar la Dependencia, según fuentes de la Secretarí­a de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

Precisamente, el pasado 21 de marzo, el Tribunal de Cuentas expuso en un informe que existí­an irregularidades en unos 12.000 expedientes de beneficiarios de la Ley de Dependencia. Tras analizar los casos, el IMSERSO concluyó que los “sospechosos” ascendí­an a 5.398, con situaciones dispares como nombres duplicados, errores en los números de los DNI, personas fallecidas aún dadas de alta como beneficiarias o que parecí­an estar recibiendo simultáneamente servicios que por ley, son incompatibles.