Lo ha desvelado la Defensora del Pueblo, que ha recalcado que de esa manera se hará realmente efectiva la accesibilidad al transporte aéreo.

La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento promoverá ante la Unión Europea que cuando una aerolí­nea obligue a una persona con movilidad reducida a viajar con asistente, éste pueda viajar gratis.

Así­ lo desvela la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Informe de la Institución sobre 2016, presentado este martes 28 de febrero en el Congreso y el Senado. El documento recalca que la Dirección General de Aviación Civil promoverá ante la UE la adopción de medidas normativas que equiparen el tratamiento de las personas con movilidad reducida en el transporte aéreo al previsto por la normativa comunitaria para otros modos de transporte.

El Defensor del Pueblo considera positiva la iniciativa propuesta, ya que con la misma “se podrá garantizar la accesibilidad al transporte aéreo a un precio asequible para las personas con discapacidad”, derecho del que disfrutan el resto de los ciudadanos, “evitando una situación de discriminación”. Además, la propuesta surge de una recomendación de la Institución tras una queja ciudadana recibida en 2007.

En este sentido, recuerda que en 2007 una cudadana puso de manifiesto que ella y su hermano tení­an un viaje programado a Tenerife, siendo su hermano una persona tetrapléjica que, para viajar en avión por las necesidades del vuelo, requiere que le sea habilitada una camilla destinada al efecto.

Consultadas distintas compañí­as aéreas, algunas comunicaron que no le realizaban ese servicio por razones de polí­tica de empresa y en otras les ofrecieron el servicio pero adecuándose a unos requerimientos adicionales recogidos en documentos de uso interno (llamados Manual de operaciones de tráfico), entre los que se encuentra la necesidad de un acompañante cuando se necesite viajar en camilla, viéndose obligados también a abonar el precio del billete de dicho acompañante.

En opinión del Defensor del Pueblo, la situación descrita podrí­a suponer la negación del derecho de accesibilidad al transporte aéreo a un precio asequible para las personas con discapacidad, derecho del que disfrutan el resto de los ciudadanos.

Para evitar esta discriminación, plantea la posibilidad de incluir en la normativa a las personas con discapacidad entre los colectivos desfavorecidos, tales como las familias numerosas y los residentes en Canarias y Baleares, para los que ya existen bonificaciones especí­ficas para el transporte aéreo.