Solamente seis universidades públicas de las 47 analizadas reservan un cupo de plazas a personas con discapacidad.

El Defensor del Pueblo actuó de oficio el pasado año ante 47 universidades públicas y ante el Ministerio de Educación al comprobar que solo seis centros reservaban el porcentaje exigido para el acceso de estudiantes afectados de discapacidad a todos los niveles, a grados, máster y doctorados.

La “inclusividad” en el sistema educativo es uno de los asuntos destacados por la defensora del pueblo, Soledad Becerril, en su Informe Anual 2016, donde también aparecen, entre otras, las quejas por la negativa de ciertos centros a proporcionar a los padres copias de los exámenes realizados por sus hijos.

Las recomendaciones a 62 municipios para establecer o reforzar un sistema de garantí­a alimentaria, los problemas sobre la oferta de plazas educativas y la necesidad de llegar a un pacto educativo son otras cuestiones tratadas. En el ámbito educativo el Defensor del Pueblo tramitó 994 expedientes (1.202 en 2015), 788 eran quejas individuales y 45 agrupadas.

Además, hizo 159 actuaciones de oficio y dos solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional. El Defensor ha resaltado que “una de las caracterí­sticas debidas a nuestro sistema educativo” es la inclusividad a partir de la firma de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Becerril ha conocido la dificultad de algunos estudiantes para acreditar que tienen necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad con el fin de ejercer con normalidad su derecho a acceder a la universidad a través del cupo de reserva (5 % para grado) para este colectivo.

íšnicamente seis universidades públicas, de las 47 consultadas, reservaban cupo de plazas para el acceso a las personas con discapacidad a todos los niveles -universidades Rey Juan Carlos de Madrid, Vigo, Huelva, Alicante, Granada y Valencia-.