El copago a pacientes por utilizar ambulancias en traslados que no son urgentes estará previsiblemente sobre la mesa del Consejo Interterritorial de Salud de la próxima semana. Representantes de las comunidades se reunieron ayer en el Ministerio de Sanidad para trabajar sobre la orden que, por primera vez, definirá qué servicio debe considerarse urgente y cómo algunos usuarios deberán pagar una parte proporcional del viaje cuando se trate de un traslado sin urgencia. Ya sea en ambulancia o en taxi.

La introducción de este nuevo copago podrí­a afectar a enfermos que son trasladados desde un hospital a su domicilio tras recibir el alta o permanecer en urgencias. Y también a pacientes que acuden a algún centro de rehabilitación o enfermos oncológicos. Parece descartado que la medida afecte a pacientes renales en hemodiálisis, según explicó ayer el portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz.

De momento, no se conoce cuál será la cuantí­a del copago, aunque podrí­a ser similar al baremo seguido en los medicamentos. También se deberá decidir que casos podrí­an quedar exentos de cualquier pago y estudiar aportaciones reducidas para determinados pacientes.

La medida ya habí­a sido adelantada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, hace meses. Se incluí­a dentro del paquete de ajustes con los que el Gobierno quiere hacer frente al agujero económico del Sistema Nacional de Salud. En ese paquete estaba el copago farmacéutico en función de la renta y una aportación similar en productos de ortopedia (férulas, collarines, sillas de ruedas…) y dietoterápicos (suplementos para pacientes con problemas de desnutrición o deglución). Ahora le toca el turno al transporte sanitario.

El documento con el que trabajan las autonomí­as no habla de cuantí­as pero sí­ establece que «estará sujeto a prescripción facultativa por razones clí­nicas y tendrá un nivel de aportación del usuario acorde al determinado para la prestación farmacéutica, aunque sin ser aplicables los mismos lí­mites». Estos lí­mites -que de momento no se aplican en Euskadi- son hasta el 50% para la mayorí­a de los ciudadanos, el 60% si se disfruta de una renta superior a 100.000 euros anuales y un 10% para los pensionistas.

La orden ministerial también determina los criterios necesarios para acceder a el transporte sanitario que no tiene carácter de urgencia. Por ejemplo, establece la necesidad de que un médico lo prescriba y la necesidad de que el trasladado tenga «una deficiencia fí­sica, sensorial, cognitiva o psí­quica que cause incapacidad, que haga requerir una ayuda o apoyo para poder desplazarse y que a juicio del facultativo impida el uso de transporte ordinario público o privado». Esa deficiencia puede ser temporal, permanente o progresiva, según figura en este primer documento de trabajo. La necesidad de la ayuda de transporte se reevaluará de forma permanente. También está previsto suspender el transporte sanitario cuando los pacientes puedan utilizar los medios de transporte ordinarios.

Además del copago del transporte no urgente, los consejeros hablarán de otros tratamientos que también podrí­an acabar con copago, los que saldrán de la cartera básica de servicios y están en estos momentos en revisión. Lo confirmó ayer José Ignacio Echániz, que también es el consejero de Castilla-La Mancha. El portavoz del PP en Sanidad justificó el copago en el transporte no urgente por tratarse de «un servicio accesorio» sujeto a aportación, al igual que las ortoprótesis y productos dietéticos. «¿Tiene sentido que en el presupuesto sanitario de la cirugí­a cardiaca o de la oncologí­a se tenga además el transporte de una furgoneta?», se preguntó.