El Gobierno dispone de un plazo de dos años para aprobar ‘unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación’, según lo previsto en el texto refundido de la Ley General de Discapacidad aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y que este martes, Dí­a Internacional de las Personas con Discapacidad, publicó el Boletí­n Oficial del Estado.

Precisamente, así­ lo impone la última de las disposiciones adicionales de esta norma aprobada por decreto que unifica toda la legislación española en materia de derechos de personas con discapacidad dando cumplimiento así­ a la Convención de Naciones Unidas sobre este asunto y a la ley de transposición de la misma que se aprobó en agosto de 2011. La nueva normativa, en la que han participado organizaciones del sector y en especial el CERMI, define los distintos tipos de discapacidad y de discriminación, incluye el reconocimiento expreso del principio de libertad en la toma de decisiones o clasifica los distintos tipos de empleo, entre las principales novedades.

De esta forma, se unifican la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI) de 1982 y Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de 2003 y la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad de 2007. La nueva ley incluye un tí­tulo dedicado a los derechos de estas personas en el ámbito de la salud, en el que las administraciones deberán desarrollar actuaciones para garantizar una atención sanitaria efectiva, y en el ámbito educativo para atender las necesidades del alumnado con discapacidad mediante apoyos y ajustes correspondientes. Se clasifican por primera vez los distintos tipos de empleo: ‘ordinario’, de las empresas y administraciones públicas incluidos los servicios de empleo y apoyo; ‘protegido’, en centros especiales; y ‘autónomo’.

También se definen los distintos tipos de discriminación, añadiéndose a las ya contempladas -‘directa’ e ‘indirecta’- la discriminación ‘por asociación’ (cuando una persona o grupo es objeto de trato discriminatorio por su relación con una persona con discapacidad) y ‘por acoso’ (creación de un entorno intimidatorio, hostil y degradante). La ‘discriminación múltiple’ se refuerza en esta ley con el fin de proteger de manera singular a los niños y mujeres con discapacidad.

Por último, la normativa incluye el reconocimiento expreso del principio de libertad en la toma de decisiones, que afecta a todos los derechos que se regulan, de manera que sean las personas con discapacidad las que puedan optar o no por acogerse a las medidas de acción positiva.