“Cualquier persona con discapacidad seguirá teniendo el mismo nivel de prestaciones y sin ningún tipo de aportación en razón de su discapacidad, si así­ está contemplado en la norma reguladora de la prestación que percibe”. Así­ lo señala el Gobierno en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del diputado de IU Gaspar Llamazares, sobre las consecuencias que tendrá la reforma del Sistema Nacional de Salud para las personas con discapacidad.

Con la reforma del sistema de aseguramiento, afirma el Ejecutivo, “ningún ciudadano tendrá que declararse discapacitado para que se reconozca como asegurado del SNS, y además se mantiene la posibilidad de que las personas que superan el 65% en grado de discapacidad puedan obtener la condición de asegurado por sí­ misma o como beneficiario de otro titular”.

En la respuesta, el Gobierno señala que actualmente está estudiando medidas legislativas para la creación de un nuevo marco normativo para el Tercer Sector “más acorde con la realidad y la evolución que ha tenido en los últimos años”, que garantice la colaboración entre la Administración del Estado y las entidades de este sector.

El Gabinete de Mariano Rajoy se compromete a que sobre la propuesta inicial que elabore, “se abrirá un periodo de debate con el Tercer Sector con el fin de mejorar y perfeccionar esa propuesta”.

De otro lado, la contestación parlamentaria destaca que el 20 de septiembre de 2011, en el marco del sexto periodo de sesiones del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, España presentó el informe nacional de seguimiento de la convención y el comité “valoró muy positivamente el compromiso de España” y constató que “es uno de los primeros paí­ses del mundo en el cumplimiento de lo previsto” en el tratado.

El Gobierno dice, por otra parte, que está comprometido en la aplicación de la Ley de 2007 que reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

“Por ello”, indica, “se están asignando recursos suficientes para el desarrollo de la asistencia a las personas con discapacidad a través de los asistentes personales, intérpretes de lenguas de signos, guí­as intérpretes y medios de apoyo a la comunicación para las actuaciones de la vida diaria con el fin de conseguir la normalización, la vida independiente, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal, es decir, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de estas personas”.

En cuanto al presupuesto asignado al programa de vacaciones para personas con discapacidad, el Gobierno comenta que “ha tenido que ser adaptado debido, en primer lugar, a la necesidad de contención del gasto público, que, envidente, obliga a priorizar determinados programas, y en segundo lugar, debido a un descenso apreciado en la demanda”.