El CGPJ estudia un informe para ampliar la Justicia gratuita a personas del colectivo
La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizará hoy un informe sobre el anteproyecto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que pide ampliar los beneficiarios de este servicio, incluyendo a personas con discapacidad física.
La ponencia del informe ha correspondido a la vocal del CGPJ Concepción Espejel, aunque está previsto que iotra vocal, Margarita Robles, presente un texto alternativo con términos más duros, especialmente, en lo referido a la previsión del Ministerio de Justicia respecto a la aplicación de los servicios de Justicia Gratuita en las comunidades autónomas, encargadas de su financiación.
El texto de Espejel valora positivamente que la nueva ley dedique una especial atención a las circunstancias personales y familiares de los solicitantes, así como que reconozca este derecho a ciertos colectivos sin necesidad de acreditar su insuficiencia económica. De esta forma, señala, disfrutarán de este beneficio en la ejecución de la sentencia o la interposición del recurso.
En relación con la extensión de la Justicia Gratuita a los menores y personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de abuso o maltrato, el informe del Consejo del Poder Judicial precisa que el anteproyecto ‘no es del todo nítido’ y aboga por ampliar este reconocimiento a las personas que tienen una ‘una discapacidad física grave’.
En cuanto a la extensión de este beneficio a los accidentados que sufran secuelas permanentes de gravedad, el documento cuestiona que se dejen fuera los supuestos en que las secuelas provengan de un hecho intencional no accidental.
Por último, el informe propone reconocer a los trabajadores el derecho a la asistencia jurídica gratuita en suplicación y casación para todas las prestaciones del sistema distintas a la exención de tasas y una bonificación del 60 por ciento en lo que se refiere al pago de estas tarifas. ‘De esta forma, se evitaría incurrir en una disminución tan notable del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los trabajadores, no causalizado a la falta de recursos, como la que el Anteproyecto prevé’.
