El Defensor del Pueblo detecta…

Dos personas en silla de ruedas en un centro de atención.

La memoria anual de la Oficina del Defensor del Pueblo relativa al pasado año, hecha pública ayer, constata que ‘la falta de pago’ a las asociaciones de personas con discapacidad o dependencia por parte de las administraciones públicas ‘está produciendo situaciones de desatención a los usuarios y problemas laborales’ a los empleados de dichas entidades.

Aunque ‘la mayorí­a’ de las investigaciones sobre este hecho están abiertas, prosigue el informe de la oficina de Soledad Becerril, ‘puede constatarse ya una creciente dificultad para normalizar los pagos e, incluso, para establecer previsiones sobre cuándo y en qué cuantí­a podrán atenderse’.

El informe, presentado en Madrid, indica que la solución al problema parece estar en el Fondo de Liquidez Autonómico, ‘aunque esto plantea una duda de futuro para muchos recursos cuya existencia resulta vital para la vida de muchas personas y de sus familias’. El problema de ‘falta de pago’ a entidades de personas con discapacidad se ha producido, señala el texto, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, con cuatro centros en los que estaban siendo atendidos 85 menores con discapacidad intelectual.

Por su parte, otro aspecto destacado en el apartado relativo a las personas con discapacidad de la ‘Memoria Anual 2012’ de la Oficina del Defensor del Pueblo es el relativo a la demora, en algunos casos ‘de más de doce meses’, en la atención en los procedimientos para la valoración, calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.

A juicio de la institución que dirige Becerril, estas demoras superiores a un año no pueden considerarse asumibles, puesto que ‘vulneran el principio de eficacia de la actuación administrativa’.

Asimismo, un punto de este mismo apartado en el que la Oficina del Defensor del Pueblo reprende al Gobierno es el relacionado con el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A este respecto, el informe recuerda que en septiembre de 2011, en las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas se formulaban varias recomendaciones a España. Precisamente, entre estas recomendaciones se encuentra la de revisar la efectividad en determinados ámbitos de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que precisa de modificaciones de la normativa autonómica, y los procedimientos de tramitación de los expedientes.

Pues bien, lamenta la oficina de Becerril, ‘hasta la fecha sigue sin completarse la regulación precisa en todas las comunidades autónomas’, por lo que, advierte, ‘esta institución continuará insistiendo en el asunto hasta lograr la plena efectividad de un régimen sancionador que resulta aplicable tanto a entidades públicas como a privadas’.

Por último, la ‘Memoria Anual 2012’ del Defensor del Pueblo indica que durante el perí­odo que comprende el informe, se ha reducido el número de quejas de ciudadanos relacionadas con la accesibilidad en las estaciones y medios de transporte ferroviario. No obstante, según recoge,
‘siguen tramitándose actuaciones para la búsqueda de una mejor accesibilidad en diferentes puntos de la red férrea, así­ como por la falta de prestación del ‘Servicio Atendo’.

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